A USD 10.959 millones ascendió la deuda pública de Paraguay hasta agosto de este año, y se mantiene en un 30,9% del Producto Interno Bruto (PIB), según el informe actualizado por el Ministerio de Hacienda.
De esta manera, el pasivo total del país presenta un incremento del 23,7% en comparación con el monto de la deuda registrada a finales del 2019, que fue de USD 8.859 millones. Esto significa un aumento de USD 2.100 millones en solo ocho meses.
La principal causa de este fuerte incremento que experimenta el pasivo total del país es la toma de nueva deuda por USD 1.600 millones que tuvo que hacer el Gobierno para crear el Fondo de Emergencia Sanitaria y hacer frente a los efectos económicos y sanitarios de la pandemia COVID-19. También incidió la deuda ya programada para este año dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2020.
De acuerdo al informe del Fisco, el 86% (USD 9.428,4 millones) de los compromisos monetarios que tiene el país es con acreedores del extranjero, mientras que el 14% (USD 1.531,5 millones) corresponde a compromisos asumidos a nivel local.
El historial indica que la deuda pública del país viene creciendo a un ritmo acelerado desde el año 2013, iniciando con el gobierno de Horacio Cartes, y continuando con el actual gobierno, de Mario Abdo Benítez. De USD 3.591 millones en el 2012, pasó a USD 4.174 millones en el 2013, año en que asumió Cartes como presidente de la República.
En el 2014 el pasivo ascendió a USD 5.400 millones, pasando a USD 5.464 millones en el 2015; a USD 6.304 millones en el 2016; a USD 7.166 millones en el 2017; a USD 8.040 millones en el 2018 y a USD 8.859 millones en el año 2019.
Piden más. En el marco del Plan de Reactivación Económica Ñapu’ã Paraguay, post-COVID-19, el Ministerio de Hacienda planteó el pasado jueves al Congreso Nacional un nuevo endeudamiento por USD 292 millones, para llevar adelante acciones que revitalicen la economía del país.
Fue a través de tres proyectos de leyes con los que se pretende seguir con la ayuda social a través de los programas sociales; además de prever la construcción de viviendas sociales que generen empleo, y capitalizar la banca estatal: la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y el Fondo Ganadero; para la concesión de créditos a las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), y dar garantía a esos préstamos otorgados por las entidades financieras del país.
