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23 de noviembre de 2024

Caso Metrobús: Prevén recuperar USD 2,9 millones más del anticipo por obra fallida

El Estado paraguayo ya logró recuperar unos USD 4,4 millones por la ejecución de las garantías por el anticipo realizado por la obra del Metrobús; sin embargo, faltan unos USD 2,9 millones más y no descartan acciones judiciales.

En la tarde de este miércoles, el Procurador General de la República, Sergio Cocsia, y el titular de del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo Wiens, anunciaron que a través de una gestión conjunta lograron el cobro de unos USD 4,4 millones por garantías del anticipo abonado a Mota-Engil por la fallida obra del Metrobús.

Estas garantías habían sido emitidas por el banco Itaú Paraguay, por pedido de Mota-Engil Ingeniería y Construcción, empresa encargada de llevar a cabo la construcción de las vías para Metrobús, que nunca fueron concluidas. Por lo tanto, esta ejecución de la garantía fue realizada al banco con matriz brasileña para realizar los cobros, que ya fueron percibidos parcialmente.

Los cheques fueron emitidos por el banco Itaú y cabe aclarar que el anticipo consiste en el pago adelantado de una fracción que habitualmente se estipula como entrega en los contratos para obras de este tipo.

Sin embargo, Itaú no ha reconocido al Estado la suma de G. 20.514 millones (unos USD 2,9 millones), alegando discrepancias con el MOPC acerca de la cobertura de ese importe que sería parte del monto garantizado en el anticipo.

Inclusive, tanto el Ministerio como la Procuraduría General no descartan la posibilidad de accionar legalmente, ya sea frente al banco o frente a Mota-Engil Ingeniería sobre este asunto; y la estrategia legal será planeada en caso de tener la necesidad de llegar a un conflicto de este tipo.

Problema contable

El viceministro de Administración y Finanzas del MOPC, Carlino Velázquez, explicó que esta discordancia entre Itaú y la cartera de Estado sería solamente una formalidad contable que podrá ser subsanada.

Aseguró que estos G. 20.514 millones correspondientes a la garantía del anticipo serán recuperados, como ya se hizo con la primera fracción, ya que son totalmente computables al monto garantizado y solamente se necesita presentar una serie de comprobantes de pagos realizados a la empresa portuguesa para iniciar las obras en su momento.

“El problema que tenemos con Itaú es más bien contable, nosotros estamos reclamando el total pero habíamos hecho pagos de acuerdo a fuentes de financiamiento diferentes, entonces se hicieron varios pagos y para cada uno de esos pagos ellos nos exigen comprobantes por separado, pero generalmente esos comprobantes no son físicos ya que son transferencias y están registrados en sistemas (informáticos)”, aclaró el economista.

De concretarse este recupero, en total la ejecución de estas garantías llegaría finalmente a unos USD 7,3 millones, ya que estos USD 2,9 millones se sumarían a los ya recuperados USD 4,3 millones.  

Velázquez dijo que lo que preocupa a Itaú es que tienen que ser pagos cubiertos con ese seguro de garantía, porque hay pagos que no tienen cobertura y que están en su derecho de hacer estas observaciones.

Cheques retirados

En el comunicado difundido por la Procuraduría se informó que ya se han retirado los cheques correspondientes a la ejecución de dos garantías, uno en guaraníes y otro en dólares; que totalizan el mencionado monto al cambio actual.

Por otra parte, continuará el arbitraje por la suma de USD 25 millones que son reclamados por el Estado paraguayo a la empresa portuguesa, por la obra que nunca fue concluida. Mientras tanto, la compañía culpa al MOPC por supuestamente no haber garantizado las condiciones para la continuidad de las construcciones, generando un daño patrimonial importante.

“Si ellos hicieron la obra no se les puede reclamar, y si lo hicieron parcialmente tendremos que reconocer eso. Sin embargo, para eso es que estamos yendo al arbitraje para determinar quién falló para la suspensión de la obra, si fueron ellos, o fuimos nosotros”, refirió

También explicó que la rescisión del contrato no se pudo realizar de común acuerdo, ya que la empresa portuguesa también reclama pagos al MOPC.

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