Asunción, 12 nov (EFE).-Más de un millar de personas de organizaciones campesinas e indígenas marcharon este jueves por el centro de Asunción para exigir al Gobierno el cumplimiento del acuerdo para la refinanciación de sus deudas, dentro de una serie de reivindicaciones históricas como la reforma agraria y la recuperación de las tierras malhabidas.
Los participantes, de varios departamentos del país, y convocados por la Articulación Campesina Indígena y Popular y la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), llevan cuatro días de marchas por la capital, y asentados en carpas en el espacio comprendido entre el edificio del Congreso y la Catedral.
Con bocinas, pancartas y banderas paraguayas, la marcha partió desde ese lugar en una larga columna humana que se detuvo primero en en la sede del Ministerio de Agricultura, donde se instalaron los lemas de «tierra, producción y trabajo» o «reforma agraria, urgente y necesaria».
La protesta finalizó frente al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), institución que los convocantes denunciaron como corrupta y contraria a los intereses del campesinado pobre.
El Indert ha estado salpicado por varios casos de corrupción, el último en octubre, que costó el cargo a su entonces titular, Mario Vega, quien fue imputado en el marco de una investigación de peticiones de dinero a particulares a cambio de que el ente facilitara los trámites para la adquisición de tierras en la región del Chaco.
ACUERDOS DE OCTUBRE
Belarmino Balbuena, líder de otro de esos grupos, el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), dijo a Efe que la protesta obedece fundamentalmente al incumplimiento por parte del Gobierno a un acuerdo firmado a finales de octubre, tras otra multitudinaria movilización de labriegos en la capital.
El dirigente señaló que siguen sin tener comunicación del Gobierno tras esa firma, que incluye el compromiso de refinanciar las deudas de los campesinos, la reasignación de recursos a través del Ministerio de Agricultura y una intervención en las «financieras usureras».
Asimismo, Balbuena señaló como parte de ese acuerdo el plan de emergencia ante los siete meses de sequía a la que se ha unido el impacto económico del coronavirus.
TIERRAS MAL HABIDAS
Balbuena comentó que son parte de unas reivindicaciones que tienen como marco el avance de las grandes extensiones de soja, en detrimento del pequeño campesinado, y la desigualdad en la propiedad de la tierra productiva.
En ese sentido, abogó por la recuperación de las tierras fiscales y recordó que ocho millones de hectáreas que fueron destinadas a la reforma agraria siguen en manos de personas que no era sujetos de ese beneficio.
Ello en referencia a la distribución de esas tierras emprendida por el dictador Alfredo Stroessner (1954-1989) a sus aliados políticos y a precios denunciados como irrisorios.
Según el informe de 2008 de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), sobre las víctimas de la dictadura, fueron alrededor de 7.800.000 hectáreas las distribuidas de forma ilegal, la mayor parte entre 1954 y 1988.
Paraguay es el país con la distribución de tierra más desigual de América Latina, según organizaciones como Oxfam.
