La Contraloría General de la República (CGR) presentó su informe final de la auditoría realizada sobre la deuda de la Itaipú Binacional.
La citada entidad encontró que, durante los años 1985 y 1997 -a excepción del año 1991-, Itaipú aplicó una tarifa inferior al costo del servicio de electricidad, en clara violación a lo establecido en el artículo IV.1 y en el Ítem III del Anexo C del Tratado.
Esta situación hizo que la Itaipú dejara de percibir el importe de USD 1.757.128.833, ocasionando el aumento indebido e ilegal del saldo de su deuda que, a diciembre de 2020, asciende a USD 3.856.790.000, saldo del cual USD 3.629.057.000 corresponden a la deuda con Eletrobras, equivalente al 94% de la deuda total de Itaipú.
Según la conclusión de la CGR, desde 1985 hasta 1997, Itaipú aplicó tarifas inferiores al costo de electricidad a pedido de representantes brasileños, dejando de percibir un millonario monto y generando una deuda ilegal de más de USD 4.000 millones en contra de sus propios intereses y a favor de Eletrobras.
“Como consecuencia de la bajada de la tarifa, obviamente eso generó que no se puedan honrar los créditos que tenía Itaipú. El hecho de no poder honrar los créditos por la falta del pago de la tarifa, en violación al tratado, generó una deuda ilegal que comúnmente se conoce como deuda espuria. Esta deuda, ¿por qué es ilegal? Porque es en consecuencia de la falta de pago de la tarifa que se bajó en violación al Tratado”, explicó Camilo Benítez, contralor general de la República.
En otro momento, dijo que “las irregularidades detectadas por la CGR y expuestas a lo largo de este informe, demuestran claramente que todas ellas fueron en beneficio de Eletrobras y del Estado brasileño, y en perjuicio de la ANDE y el Estado paraguayo, a pesar de ser la Entidad Binacional Itaipú, propiedad del Estado paraguayo y del Estado brasileño en partes iguales, con los mismos derechos y las mismas obligaciones”.
Benítez dijo que, a su criterio, la auditoría servirá mucho para los intereses del Paraguay. Recordó que fue aprobada y encomendada a la Contraloría por las Altas Partes Contratantes en el 2009 y que tuvo dos avances: uno en el 2011 y otro en el 2012, ambos basados en los documentos a los que se tuvo acceso en ese entonces.
Posteriormente, según explicó, tropezaron con inconvenientes en cuanto a la provisión de documentación, por lo que recién en el 2020 se decidió reanudar los trabajos.
