Ciudad de México, 26 oct (EFE).- El Senado mexicano aprobó este martes en lo general y lo particular la Miscelánea Fiscal del presupuesto federal de 2022 que suprime el IVA a los productos de higiene femenina, establece un registro fiscal obligatorio para jóvenes mayores de 18 años y limita la deducción de impuestos para donativos a organizaciones sociales.
Luego de una discusión de casi siete horas y la presentación de 163 reservas, con 67 votos a favor, 47 en contra y una abstención quedó aprobada la Miscelánea Fiscal, el Senado mexicano la remitió al Ejecutivo Federal, que establece un Régimen Simplificado de Confianza para cumplir con las obligaciones fiscales.
Previamente, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó este dictamen, en lo general, con 67 votos a favor y 43 en contra.
Mientras que en lo particular, la Asamblea rechazó las propuestas para modificar diversos artículos del dictamen, que presentaron senadoras y senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Verde Ecologista de México (PVEM), y del Grupo Plural.
Las propuestas buscaban, entre otros puntos, eliminar la incorporación de jóvenes mayores de 18 años al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la limitación de las deducciones sobre los donativos hechos por personas físicas.
Además, senadores del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) retiraron las reservas que habían registrado.
La semana pasada fue la Cámara de Diputados la que aprobó la Miscelánea Fiscal presentada por la Secretaría de Hacienda para 2022 tras casi tres días de discusiones, en las que algunos legisladores acabaron a golpes.
La medida reforma el Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el Impuesto sobre Automóviles Nuevos y el Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos.
Con la aprobación de esta iniciativa, se elimina el IVA en toallas sanitarias, tampones y copas menstruales, así como en los alimentos para animales y los productos agrícolas, que ahora tienen una tasa del 16 %.
También se obliga a todos los mayores de 18 años, con independencia de que tengan o no tengan actividad económica, a empadronarse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), usado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para controlar el pago de impuestos.
Para la oposición es una forma de «terrorismo fiscal» para perseguir a jóvenes, pero el proyecto aclara que estar dado de alta en el registro no obliga a presentar declaraciones si no se tiene actividad económica.
El otro punto polémico de la Miscelánea Fiscal para 2022 es que limita la deducción de impuestos de personas físicas por donativos a organizaciones civiles.
Establece que los donadores sólo podrán deducir por este concepto el equivalente al 15 % de sus ingresos anuales.
Para el Gobierno es una forma de aumentar su recaudación y destinarla a programas sociales, pero supone un riesgo para ONG que viven de las donaciones de los ciudadanos ya que se eliminan incentivos para la filantropía.
El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la semana pasada que el registro fiscal de jóvenes «busca que no haya fraudes» y sobre la donación a organizaciones civiles opinó que la filantropía «no es la función de las empresas» sino pagar impuestos.
El Gobierno presentó el pasado septiembre un proyecto de presupuesto público para 2022 con indicadores más optimistas a los esperados, basado en un aumento de 4,1 % del producto interior bruto (PIB) y sin aumentos fiscales, aunque con la promesa de mantener la «austeridad y prudencia».
En tanto, los dictámenes de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Ingresos se votarán en las próximas horas.
La Ley de Ingresos, que también forma parte del presupuesto federal, ya fue avalada la semana pasada por los diputados y prevé una recaudación de 7,08 billones de pesos (unos 350.840 millones de dólares) para 2022.
El próximo paso para aprobar el paquete económico de 2022 será la discusión del gasto público, es decir, la Ley de Egresos, cuya fecha límite de ratificación es el 15 de noviembre.
