San Juan, 10 nov (EFE).- La Cámara baja de Puerto Rico y Luma Energy, responsable de la distribución de la electricidad en la isla, buscan un acuerdo de última hora para evitar que el presidente la compañía sea detenido por no proveer la información que se le exige, en el último episodio de la crisis del sistema energético y con denuncias de corrupción.
Puerto Rico vive este miércoles con expectativa el desenlace de una disputa que se prolonga desde hace meses entre el Legislativo y la compañía estadounidense Luma Energy, desde el pasado junio responsable de la distribución y transmisión, antes controladas por la estatal Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE).
El presidente de Luma Energy, Wayne Stensby, cuyo paradero no se conoce con exactitud, trata de evitar su detención tras cursar las autoridades judiciales una orden de arresto en su contra por no entregar la información que solicitó la Cámara de Representantes.
El juez del Tribunal de San Juan, Anthony Cuevas, ordenó el arresto de Stensby por entender que no cumplió con la orden de entregar la totalidad de la información solicitada por la Comisión de Energía de la Cámara baja, liderada por el representante del opositor Partido Popular Democrático (PPD), Luis Raúl Torres.
EXIGEN INFORMACIÓN DETALLADA
La Cámara de Representantes, controlada por el PPD, exige a Luma Energy y a su presidente como principal representante en la isla información detallada sobre salarios de sus directivos clave, finanzas y operaciones, ante la sospecha de hipotéticas irregularidades.
La Cámara de Representantes que controla la oposición recela del acuerdo alcanzado mediante contrato por el Gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP), liderado por Pedro Pierluisi, con Luma Energy para gestionar parte de la infraestructura energética, salvo la generación que permanece en manos de la AEE.
La sombra de una supuesta corrupción en los contratos firmados y la opacidad por parte de la empresa llevaron a la Cámara baja a exigir información detallada que no llega, aunque la compañía defiende que ha puesto en manos de las autoridades los datos de que dispone.
El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Elééctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa, pidió al gobernador cancelar el contrato con Luma Energy, tras señalar que «siempre se ha demostrado que la privatización es la madre de la corrupción» y Luma «es evidencia de ello».
La disputa por la información llega después de meses de apagones generalizados que provocaron malestar, que Luma Energy se quitó de encima apuntando a la AEE.
El director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, señaló sobre el asunto que el presidente de Luma Energy debe responder a la Justicia como cualquier ciudadano y que lo ocurrido en nada afecta a las operaciones conjuntas de las dos organizaciones.
En tanto, el presidente de la Cámara baja, Rafael Hernández, dijo que en «Puerto Rico no hay nadie por encima de la ley» sobre la orden de detención del presidente de Luma Energy.
A pesar de los problemas sufridos por los abonados, Luma Energy pide un aumento de 16,4 % en la factura de la luz, una solicitud que, de momento, no se aprobó por las autoridades reguladoras.
