Bogotá, 12 nov (EFE).- El presidente colombiano, Iván Duque, firmó este viernes el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2022, que asciende a 350,4 billones de pesos (unos 90.223 millones de dólares).
El jefe de Estado explicó en Twitter que el presupuesto «prioriza la asignación de recursos en atención social a población vulnerable, el apoyo al crecimiento económico y la generación de empleo».
Al desglosar las partidas, el presidente aseguró que a la educación se destinarán 49,5 billones de pesos (unos 12.745 millones de dólares), mientras que defensa y policía recibirán 42,6 billones de pesos (unos 10.969 millones de dólares).
A salud y protección social le corresponden 41,9 billones de pesos (unos 10.788 millones de dólares); para trabajo fueron destinados 34,7 billones de pesos (unos 8.935 millones de dólares); a hacienda se le asignaron 24,3 billones de pesos (unos 6.257 millones de dólares) y inclusión social y reconciliación, 23,2 billones de pesos (unos 5.973 millones de dólares).
Al firmar el presupuesto, Duque también le dio vía libre a la modificación de la Ley de Garantías aprobada en el Congreso y que desató polémica, hasta el punto que un juez bloqueó los cambios.
La Ley de Garantías es una norma que promueve el uso transparente de los recursos públicos y limita las contrataciones de entidades públicas en épocas de elecciones en aras de la igualdad de condiciones para todos los candidatos.
Colombia celebrará el 13 de marzo de 2022 elecciones de Senado y Cámara de Representantes, mientras que la primera vuelta de las presidenciales será el 29 de mayo y la segunda, en caso de ser necesaria, el 19 de junio.
Sectores políticos consideran que con la modificación de esa ley los alcaldes y gobernadores pueden «hacer política», es decir hacer contrataciones innecesarias en época de elecciones y con ello influir en el equilibrio entre los aspirantes al Congreso o a la Presidencia.
Hace pocos días el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá ordenó abstenerse de aplicar la modificación hecha a la Ley de Garantías para proteger «los derechos al debido proceso, igualdad e imparcialidad en el proceso electoral».
Al respecto, Duque ha asegurado que un juez de la República no podía decirle qué objetar y qué no, algo que iría en contra de la Constitución.
