El Ministerio de Hacienda reiteró detalles sobre su plan de austeridad en la ejecución del Presupuesto General de Gastos (PGN) de este año, en un contexto de necesidad de retorno a la regla de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Así, se estableció una serie de medidas que buscan recortar gastos innecesarios y superfluos que han sido históricamente comunes entre los Organismos y Entes del Estado (OEE).
Una de las principales medidas tiene que ver con la prohibición de compra de pasajes aéreos de primera clase para el traslado de funcionarios estatales, que deberán volar en clase económica. La única excepción establecida en el plan es para los presidentes y vicepresidentes de los Poderes del Estado, que podrán viajar en clase ejecutiva.
Además, el plan contempla la prohibición de la provisión de almuerzo o plato terminado para los funcionarios administrativos de entes públicos, incluyendo los de conducción política. La utilización de los “Servicios de Catering” para eventos sociales será reglamentada por el Ministerio de Hacienda y no se podrán suscribir nuevos contratos hasta tanto sea emitida la reglamentación citada.
Entre otras medidas de racionalización del gasto, se puede mencionar que las remuneraciones extraordinarias y adicionales solo serán abonadas sobre la base de servicios necesarios, debidamente fundamentados y justificados, a ser realizados fuera del horario ordinario. Así, los entes públicos deberán regular la aplicación de este punto de la ley del PGN con su plan de austeridad.
Tampoco se podrán adquirir equipos de transporte sin expresa autorización del Equipo Económico Nacional (EEN), conforme a un tope establecido. Queda exceptuada de este punto la adquisición de equipos terrestres no automotores, ambulancias y otros vehículos utilizados para los servicios de salud, de seguridad nacional y de fuerzas públicas.
Incluso, el plan prohíbe a los OEE y Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado la adquisición de obsequios destinados al personal dependiente de la institución o personas extrañas a los mismos, con excepción de los presentes protocolares específicos y los destinados a la promoción comercial.
Cabe recordar que, hasta el momento, el Ministerio de Hacienda estima un déficit fiscal del 3% para el año 2022 y la idea es converger al 1,5% del producto interno bruto (PIB) en los próximos dos años. De momento, aparentemente superada la parte más dura de la pandemia, todavía no ha sido posible para el Estado converger a los límites normales de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
De hecho, el 2021 cerró con un déficit en el presupuesto del 3,6% del PIB, inferior a la estimación de 4% que se manejaba para el ejercicio. Este resultado se dio más bien de la mano del incremento de los ingresos del Estado -de 15,7% en el caso de las recaudaciones tributarias y de 13,7% para el Estado en general-, ya que los gastos tuvieron un aumento de 1,3%.
El año con mayor déficit fiscal fue el 2020, cuando llegó a alrededor de 6%, como consecuencia del fuerte gasto que se debió efectuar desde la administración pública para enfrentar los efectos del estallido de la pandemia de COVID-19
