Buenos Aires, 14 jul (EFE).- Decenas de miles de personas marcharon este jueves en Buenos Aires para reclamar más programas de ayudas sociales, en medio de la delicada situación socioeconómica que vive Argentina y apenas unos días después del nombramiento de Silvina Batakis como nueva ministra de Economía.
La movilización, convocada por un amplio número de organizaciones sociales y de izquierda, algunas afines a la coalición oficialista del Frente de Todos, colapsó gran parte de la avenida 9 de Julio porteña hasta desembocar en la histórica Plaza de Mayo, frente a la sede del Poder Ejecutivo nacional y del Ministerio de Economía.
Las principales demandas están relacionadas con el incremento de las ayudas sociales, con algunos sectores reclamando la aprobación de una «renta básica universal» y de un bono especial para jubilados y trabajadores no registrados, así como el rechazo a las políticas de ajuste anunciadas por Batakis a comienzos de esta semana.
«Es una protesta que ya estaba programada, por la situación económica y social, por el agravamiento de esa situación social, por la falta de comida en los comedores populares y por un ajuste general que depende del Ministerio de Economía», aseguró Eduardo Belliboni, dirigente de Polo Obrero, en declaraciones a CNN Radio.
El referente piquetero afirmó que desde las organizaciones sociales desean mantener una reunión con la titular de Economía, vinculando ese posible encuentro con la permanencia de la movilización en la Plaza de Mayo.
«Estamos planteando una ayuda de emergencia y la discusión sobre el salario mínimo (45.540 pesos/355 dólares), un refuerzo en función de una inflación que se ha comido el ingreso de todos los asalariados», explicó Belliboni.
Sobre la discusión en torno a la «renta básica universal», la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, señaló este jueves que actualmente existen otros programas de asistencia que cubren ese tipo de necesidades, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), el plan de inserción laboral Potenciar Trabajo o las tarjetas alimentarias.
«Todas las herramientas se pueden seguir discutiendo, en este momento las que están funcionando están funcionando bien y están fortalecidas por parte del Gobierno y del Ministerio de Desarrollo Social», afirmó Cerruti en una rueda de prensa.
En ese sentido, el presidente argentino Alberto Fernández mantuvo este miércoles una reunión con un grupo de referentes sociales, en donde les expresó su rechazo a «la persecución judicial de la dirigencia política y social» y su preocupación por los «allanamientos» a comedores y merenderos.
RECORTES DEL GASTO PÚBLICO
Esta movilización se produce después de que Silvina Batakis anunciara un conjunto de medidas tendientes a «equilibrar las cuentas públicas del Estado», en consonancia con el acuerdo firmado en marzo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha sido el principal foco de tensiones en los últimos meses en el seno del oficialismo.
«No vamos a gastar más de lo que tenemos», manifestó este lunes la titular de Economía, cuyo compromiso por el control del gasto público no ha conseguido, por el momento, calmar los ánimos de los mercados, con un incremento del 15,8 % de la prima de riesgo desde su asunción como ministra.
Las fricciones entre las organizaciones sociales y el Gobierno también aumentaron en las últimas semanas a raíz de las críticas vertidas por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien reprochó públicamente el modo en que los movimientos sociales distribuyen los planes de transferencias de ingresos entre la población más vulnerable.
Según los últimos datos oficiales, la pobreza afecta al 37,3 % de los argentinos, una cifra que salta hasta el 43,8 % de acuerdo con el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (ODSA-UCA).
