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24 de noviembre de 2024

Críticas por la forma en que fue aprehendido un dirigente cocalero en Bolivia

La Paz, 14 sep (EFE).- La defensa del boliviano Freddy Machicado denunció este miércoles que el líder cocalero fue aprehendido sin la orden judicial correspondiente, lo que fue criticado por los productores de hoja de coca y sectores opositores que ven en esta acción una venganza política del oficialismo.

El abogado Dayner Quispe dijo a los medios de comunicación que Machicado fue aprehendido dentro de un proceso iniciado «de oficio» contra su defendido y otros dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) por la destrucción del llamado «mercado paralelo» abierto por otra facción de cocaleros para la venta de la planta en La Paz.

«Al momento de su detención no existía una orden de aprehensión», indicó el jurista y calificó de «lamentable» el «mal actuar de la Policía Boliviana» en este hecho.

Quispe alertó que «se está haciendo una persecución política a los dirigentes de Adepcoca para acallar» la protesta del sector liderado por Machicado contra el mercado paralelo.

Según el abogado, al líder cocalero se le atribuyen 15 supuestos delitos, entre ellos, allanamiento, incendio, robo agravado, robo de bienes del Estado, secuestro, organización criminal y porte ilícito de armas.

A su juicio, la Justicia no está actuando de forma imparcial y pidió que se garanticen los derechos de Machicado, quien fue detenido en La Paz y luego llevado a una celda judicial en la vecina ciudad de El Alto.

Desde principio de agosto Machicado había encabezado varias protestas para conseguir el cierre del mercado paralelo administrado por el dirigente Arnold Alanes, que asegura ser el representante legal de esta institución privada, si bien la mayoría de los afiliados a Adepcoca lo rechazan y lo vinculan con el oficialismo.

El momento más crítico se produjo la semana pasada cuando después de cinco días de caminata desde la región de Los Yungas, los cocaleros de Adepcoca llegaron hasta La Paz y destruyeron y quemaron el «mercado paralelo».

Las normas bolivianas vigentes reconocen solamente dos mercados legales para la venta de hoja de coca en el país, el de Villa Fátima en La Paz, administrado por Adepcoca, y el de Sacaba en la región central de Cochabamba.

LAS REACCIONES

La defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, escribió en Twitter que las «violaciones» a los derechos humanos ocurridas en el «Mercado de Villa el Carmen», el paralelo, «deben ser sancionadas en el marco del respeto al debido proceso de las personas investigadas, sin interferencia o sesgos de politización».

La Defensoría «realiza seguimiento sobre la aprehensión del Sr Machicado», agregó Cruz.

Comunidad Ciudadana (CC), la principal fuerza política opositora, emitió un comunicado en el que condenó la «acción abusiva y represiva del Gobierno nacional, mediante el sicariato fiscal y judicial» en contra de Machicado.

Para CC, la aprehensión del dirigente cocalero es una «represalia» y una forma de «amedrentamiento para acallar la legítima protesta social» contra el funcionamiento del «mercado ilegal paralelo» en La Paz.

«Exigimos la inmediata liberación del dirigente abusivamente detenido y que se respeten los derechos y garantías constitucionales del debido proceso. En Bolivia primero se detiene y luego se investiga», indica el comunicado.

CC aseguró que fiscalizará este «caso de abuso de poder» del Ejecutivo y su «sistemática manipulación del Ministerio Público y órgano judicial con fines espurios de poder».

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) consideró en un comunicado que la detención de Machicado «muestra que el Gobierno nunca tuvo la intención de dialogar y resolver el problema de un mercado paralelo e ilegal» en La Paz.

La entidad, crítica del oficialismo, sostuvo que desde 2017 Adepcoca «viene resistiendo el embate represivo del Gobierno de Evo Morales y ahora de Luis Arce, con un cúmulo de muertes, dirigentes encarcelados injustamente, torturas, persecuciones que conforman un cuadro de violación sistemática de sus derechos humanos».

Los cocaleros se declararon en «emergencia» y advirtieron nuevas movilizaciones para que su dirigente sea liberado.

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