El proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2023 continúa siendo analizado en la Comisión Bicameral, mesa legislativa que desde hace unas semanas recibe a los titulares de las diferentes entidades del Estado, quienes defienden sus planes de gastos e inversión.
Esta semana, la citada Comisión recibió al presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, Félix Kanazawa, quien defendió la asignación presupuestaria para el próximo año.
Según detalló, la entidad tendrá un presupuesto de G. 383.993 millones, monto que representa un 16% más con relación al presupuesto vigente. En términos absolutos, representa unos G. 52.783 millones más para el próximo año.
Asimismo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard, también acudió a la Bicameral y detalló que de acuerdo con el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, el presupuesto de la entidad será de G. 663.111 millones, lo que representa incremento de unos G. 1.399 millones con respecto al presente ejercicio fiscal.
Bestard explicó que en el presupuesto para el siguiente año, se procedió a una reingeniería en la que se incluyó la disminución del rubro “Bienes de Consumo”, por un monto G. 8.273 millones, a fin de destinar estos recursos a los grupos de gastos del nivel 100 “Servicios Personales”; 200 “Servicios no Personales”; 500 “Inversión Física”; y 800 “Transferencias”.
En otro momento, comentó que teniendo en cuenta el incendio que consumió un bloque del edificio del TSJE y que representó una pérdida de más de 7.500 máquinas de votación, la entidad precisa de una ampliación presupuestaria para este año de G. 15.000 millones.
El monto será destinado para mantenimientos y reparaciones menores de edificios y locales, mantenimiento del edificio central, y los locales propios ubicados en el interior del país que incluyen refacciones, reparaciones, albañilería, gastos de mantenimientos, etc.
Universidades del interior del país
La Comisión también recibió a Clarito Rojas Marín, vocero de las diferentes universidades nacionales del interior del país, instituciones cuyos presupuestos suman un total de G. 470.310 millones, lo que representa un 23% del presupuesto total asignado para todas las universidades nacionales del país. En tanto, el 77% restante corresponde a la Universidad Nacional de Asunción.
En la Bicameral, Marín habló sobre la necesidad de obtener recursos para inversión en equipamientos, conectividad, mantenimiento edilicio, insumos, entre otros.
El planteamiento hecho para todas las universidades del interior se centra en atender las prioridades como: evaluaciones de las carreras, planes de mejoras, crecimiento vegetativo, escalafón docente (un fondo de escalafonamiento que permitiría un estímulo al plantel docente y administrativo), etc.
Finalmente, el profesor Rojas Marín puntualizó que para atender las necesidades, se necesitaría entre G. 5.500 millones y 6.000 millones para cada universidad nacional del interior.
Adenda
También esta semana, el Ministerio de Hacienda remitió una adenda al proyecto, pero solamente autorizando reprogramaciones y descartando las ampliaciones presupuestarias.
De acuerdo al documento remitido por Hacienda, nueve instituciones fueron las que solicitaron redireccionamientos que totalizan G. 195.935 millones. Ministerio de Relaciones Exteriores, Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Universidad Nacional de Asunción, Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), son algunas de las entidades.
Pedido de ampliaciones
Por otra parte, en medio de esto, también las dos cámaras del Congreso estudian y aprueban ampliaciones presupuestarias e incluso aumentos salariales para algunas entidades, hecho que podría afectar el tope de déficit fiscal del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) aprobado en el plan de gastos de este año.
De hecho, los miembros del Equipo Económico Nacional (EEN) mantuvieron el lunes una reunión con representantes de varios gremios a fin de evaluar los riesgos que conllevaría la sanción de las propuestas legislativas.
Tras el encuentro, el viceministro de Administración Financiera, Marco Elizeche, señaló que tanto desde el sector público como desde el Poder Ejecutivo están muy preocupados ante esta situación, ya que existen proyectos de leyes que incrementan los gastos rígidos y otros que disminuyen los ingresos del Fisco.
“Entre ambas situaciones son casi USD 1.800 millones de diferentes leyes que en caso de ser aprobadas impactarían en el Presupuesto y suprimiría la posibilidad de volver a la senda del equilibrio fiscal, de volver al límite del 1,5% del PIB en el 2024. Hablamos con el sector privado sobre qué acciones podemos encarar para evitar el tratamiento de este tipo de leyes”, advirtió.
En esta línea, en la sesión de esta semana, la Cámara Alta aprobó ampliaciones presupuestarias para el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), y también para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (Muvh). Los diputados también dieron su visto bueno a incrementar presupuesto de otras entidades.
Cabe recordar que el Ejecutivo viene insistiendo en que no existen los recursos para cumplir con todas estas solicitudes y ampliaciones. De hecho, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, vetó la Ley que pretendía ampliar el presupuesto del Ministerio Público para la creación de unos 577 nuevos cargos. El documento volvió al Legislativo.
