El presupuesto para el Congreso Nacional asciende a G. 130.291 millones para el ejercicio fiscal de 2023, mientras que en el 2022 el presupuesto era de G. 114.656 millones, lo que representa un aumento del 13,64%. Este presupuesto contempla aumentos salariales y creación de nuevos cargos.
Si bien aún no fue publicado el plan financiero, ya fue comunicado tanto por el Legislativo como por el Poder Ejecutivo que, tanto en el Senado como en Diputados, se introdujeron varias modificaciones como el aumento de la estimación de la recaudación tributaria, creación de alrededor de 2.000 nuevos cargos, aumentos salariales. Es decir, el plan de gastos del próximo año será más rígido.
Dentro de la ley del PGN 2023 se establece que el monto total para gestión administrativa asciende a G. 81.729 millones, un aumento del 17% con respecto a los G. 69.885 millones aprobados para el 2022. Dentro de este monto se incluyen sueldos, dietas, gastos de representación y aguinaldos.
Este medio conversó con Manuel Alarcón Säfstrand, responsable del Observatorio del Gasto Público recientemente creado por Dende, quien manifestó que los incrementos que no tengan una fuente de financiamiento real fehaciente implican mayores restricciones, sobre todo si los incrementos son gastos rígidos que implican un mayor problema no solamente en la ejecución, sino también en cómo se va a encarar la política fiscal.
“Mayores restricciones significa que tendremos menores recursos para llevar adelante los gastos de capital que generan incremento en la capacidad de ejecución futura. Acá hay que generar riqueza en el corto y mediano plazo, esa es la verdadera preocupación de todo esto”, manifestó.
Hay que destacar que del monto total del PGN 2023, G. 15,6 billones provendrán de recursos del crédito público; G. 36,2 billones, de recursos del Tesoro y G. 53,4 billones, de recursos institucionales, que también se aumentó en G. 556 millones.
En este sentido, Alarcón indicó que mejorar la calidad del gasto público significa contener en lo posible el crecimiento de los gastos de funcionamiento del Estado y que no se traducen en un mejoramiento del bienestar de toda la sociedad.
“No hay que olvidar que el sector público es un agente importantísimo dentro de toda economía y, en nuestro caso, con el déficit en infraestructura que tenemos, seguir avanzando con mayores gastos rígidos de funcionamiento pareciera ser la señal menos apropiada, es por eso que debemos apuntar hacia mejorar la calidad del gasto público”, dijo.
Es importante resaltar que los aumentos que se dieron son aproximadamente de G. 3 billones, estamos hablando de un incremento en lo que es Administración Central del 5%, la distribución mayoritaria de esos recursos se dieron en los tres poderes, en el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional con relación al enviado por el Poder Ejecutivo.
Alarcón recalcó que, pese a que no se conoce con detalle los incrementos exactos aún, con la lectura de la legislación queda claro que la suba se da en la administración gubernamental. “Uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es la seguridad, y es el sector con el menor incremento, sólo de 1% con respecto al año pasado”, ejemplificó.
Finalmente, añadió que estamos en un año electoral y siempre hay un incentivo perverso de tratar de inducir el voto mediante la mejora de los ingresos. Consultado sobre cómo evitar el despilfarro del dinero público, explicó que primeramente hay que definir cuál es el modelo que queremos para el país.
“Tenemos una ley de responsabilidad fiscal que este año cumple 10 años, y que en los últimos años no se ha cumplido, pero necesitamos que realmente se vuelva a respetar la legislación. Microeconómicamente debemos revisar completamente el PGN, para que esto responda a las necesidades del pueblo paraguayo”, puntualizó.
