A través del Decreto Nº8759/2023, el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2023, en donde establece los procedimientos para la ejecución de los gastos aprobados para el presente año, promoviendo la racionalidad, la eficiencia del gasto público y la rendición de cuentas.
Además, la disposición continúa con las medidas de austeridad fiscal, que vienen siendo implementadas desde años anteriores; entre las que podemos mencionar las restricciones a los nombramientos y aumentos salariales, tanto para el personal permanente como contratado.
Asimismo, en concordancia con la Ley N° 6954/2022, se mantiene la prohibición de entrega de combustible o de cupos de combustibles a autoridades de los organismos y entidades del Estado en todas sus modalidades, salvo el utilizado para para desplazamientos derivados de sus funciones o cargos.
También se mantiene la prohibición de compra de alimentos, con excepción de aquellos destinados a servicios de salud, obreros de las empresas públicas, beneficiarios de programas sociales, entre otros.
En cuanto a las modificaciones en el anexo del personal, realizadas a instancias del Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, establecerá la aplicación gradual de las mismas una vez concluidos los procesos de selección para el ingreso y promoción de los funcionarios en las entidades afectadas, conforme disponibilidad financiera y presupuestaria, que en ningún caso tendrán efecto retroactivo.
Por otro lado, en busca de dar una mayor claridad al proceso de transferencia de fondos públicos a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) , se introducen ajustes que permitirán agilizar el proceso, transparentar el uso de los fondos y rendir cuentas.
Igualmente, es importante mencionar que se incorporan mayores controles para las creaciones de Estructuras Orgánicas en los Organismos y Entidades del Estado (OEE); como también se pone en marcha la implementación de programas pilotos del sistema de directivos públicos y de clasificación y valoración de puestos.
Así también se establece que para la programación del plan financiero en años electorales, los OEE deberán tener en cuenta lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, donde se establece que el gasto corriente primario de la Administración Central, entre los meses de enero y julio, no será mayor al 60% del presupuesto aprobado para ese año, excluyendo al Poder Judicial.
