Por Enrique Eduardo Esquivel Agüero – Estudiante investigador.
La participación ciudadana en la fiscalización y vigilancia de los recursos y acciones del Estado Paraguayo se ha convertido en un pilar fundamental para fortalecer la gobernanza democrática.
En este contexto, las veedurías ciudadanas han surgido como mecanismos clave para promover la transparencia y el control social en la gestión pública. El objetivo de este artículo es analizar el concepto y las funciones de las veedurías ciudadanas promovido por la Contraloría General de la República según Resolución CGR N° 1131/22 y su contribución a la mejora de la gobernanza y la calidad de los servicios públicos.
Las veedurías son mecanismos de participación y control social de carácter temporal, mediante los cuales los ciudadanos y ciudadanas ejercen el derecho constitucional de controlar, de manera objetiva e imparcial, la administración y gestión de lo público.
Además, su propósito es intervenir -a tiempo- en caso de encontrar irregularidades en el manejo de la gestión y administración de lo público, previniendo así actos de corrupción.
¿Quiénes ejercen las veedurías dentro del territorio nacional?
Personas naturales y/o representantes de organizaciones, individual o colectivamente, quienes prevalecidos por sus derechos constitucionales, desarrollan actividades específicas de vigilancia y control social de una manera cívica y voluntaria.
Su actividad es independiente tanto de las instituciones públicas como de las influencias político partidistas o de intereses particulares.
¿Sobre qué se puede ejercer el control social a través de las veedurías?
– Entidades del sector público en todos los niveles de gobierno.
– Todo el ciclo de las políticas públicas.
– Planes, proyectos, programas, procesos, obras y servicios públicos.
– Actuaciones de las y los servidores públicos en general.
– Procesos de selección o designación de autoridades públicas.
– Personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público.
– Atribuciones de las veedurías
– Solicitar información o documentos necesarios para el desempeño de su actividad a cualquier funcionario público o persona natural o jurídica que tuviera vinculación con el objeto de la veeduría, así como, a interventores, autoridades contratantes y a aquellas personas que tuvieran alguna vinculación con el cumplimiento de los respectivos programas, contratos o proyectos.
– Ejercer su función en todas las entidades públicas de cualquier nivel o sector de la administración y sobre particulares que tengan vínculo con el sector público en la ejecución de un plan, programa, proyecto o contrato de prestación de un servicio público.
– Vigilar los procesos de planeación, presupuesto y ejecución del gasto público, conocer los planes, proyectos, programas, contratos, recursos presupuestales asignados, metas fiscales y financieras, procedimientos técnicos y administrativos y los cronogramas de ejecución previstos para los mismos desde el momento de su iniciación.
– Vigilar que los procesos de selección, concursos públicos de oposición y méritos, contratación, designación de autoridades, conformación de comisiones ciudadanas de selección, evaluación, etc., se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes.
Fases del proceso de conformación de una Veeduría Ciudadana
– Información, sensibilización y capacitación.
– Identificación del objeto de la veeduría y determinación del plazo de ejecución.
– Elaboración del plan de veeduría.
– Organización y formalización de la veeduría.
– Acercamiento con las autoridades, personas o instituciones que serán objeto de la veeduría para el establecimiento de acuerdos en relación a su participación, entrega de información e implementación de las recomendaciones.
– Ejecución de la Veeduría.
– Socialización de resultados.
– Seguimiento de los resultados.
Es importante resaltar que las veedurías ciudadanas desempeñan un papel crucial en la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y el control social en la gestión pública.
Además, su participación activa fortalece la gobernanza democrática y contribuye a la mejora de la calidad de los servicios públicos. Sin embargo, es necesario ampliar la información existente a todos los ciudadanos para su implementación.
