El Tratado que posibilitó la construcción de la Itaipú Binacional cumplió el 13 de agosto 50 años de vigencia y tanto el Gobierno de Santiago Peña como el del brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva tienen en sus manos la revisión del Anexo C, que fija las bases financieras y de prestación de servicios de electricidad de la binacional, y definir el rol que se le quiere dar a la binacional.
Para encarar estas negociaciones, la organización Desarrollo en Democracia a través de su espacio Plaza Pública, conversó con los especialistas del sector energético Héctor Richer y Victorio Oxilia, bajo la moderación de Yan Speranza, teniendo en cuenta el mandato de la revisión del Anexo C del Tratado y la cancelación de la deuda.
“Considero que es un momento muy propicio para adecuar los instrumentos, el Tratado y sus anexos; buscando adecuar los mismos a los nuevos tiempos, a las exigencias y buscando siempre mejores beneficios para el Paraguay”, sostuvo Héctor Richer, expresidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y exmiembro del Consejo de Administración de Itaipú.
Asimismo, señaló que el próximo año Paraguay y Brasil podrían disponer aproximadamente USD 500 millones cada uno para inversiones sociales en caso de que acuerden mantener la tarifa actual, aunque todo dependerá de las negociaciones políticas que encaren los gobiernos dueños de la hidroeléctrica.
Aclaró que el dinero disponible resulta de la cancelación de la deuda de la binacional en febrero de este año. De hecho, por acuerdo político entre las partes, para el presente ejercicio Itaipú presupuestó USD 818 millones en concepto de gastos socioambientales, aprovechando la brecha que dejó el desendeudamiento.
Mencionó que la tarifa actual de la energía producida por Itaipú es de 16,71 dólares por kilovatio. Mientras Brasil presiona año a año para bajarla, Paraguay tiene la posición de mantenerla en 22,60 dólares por kilovatio, para poder distribuir el dinero en inversiones sociales. En los años 2022 y 2023 se acordó una tarifa intermedia.
Revisión del Anexo C es obligatoria
En tanto se alcanzan estos consensos al interior de la binacional, los gobiernos están obligados a sentarse a negociar los nuevos términos del Anexo C, que en su Numeral 6 establece taxativamente: “Las disposiciones del presente Anexo serán revisadas, después el curso de un plazo de 50 años a partir del ingreso en vigor del Tratado, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el grado de amortización de las deudas contraídas por Itaipú para la construcción del aprovechamiento y la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países”, señaló Richer al tiempo de aclarar que la revisión no exige precisamente una modificación.
Pero es importante apuntar a que Itaipú sea una entidad destinada al desarrollo de ambos países, señaló. “Lo estoy escuchando a nuestro presidente Santiago Peña y creo que también el presidente Lula se ha manifestado así. Nuestro presidente dice que las conversaciones que ha mantenido (con Lula) tienen una visión en común de que Itaipú tenga en el futuro ese rol”.
Richer considera que si esta es la opción que se tendrá en cuenta, se debe negociar el Anexo C llenando la brecha que se originó por la cancelación de la deuda con nuevos componentes.
En cuanto a la posibilidad de aumentar el plus que recibe Paraguay por cesión de energía, dijo que esa opción está relacionada con la adecuación del artículo 13 del Tratado, que – a su criterio- actualmente obliga a ceder a Brasil la parte de la energía que nuestro país no utiliza.
Dicha adecuación podría ser eliminar el concepto de cesión, de modo a que el país alcance la anhelada “libre disponibilidad” para exportar su energía excedente; o, de última, mantener la posibilidad de ceder, en caso que los precios de exportación sean menos convenientes para el país.
Uso transparente del dinero
Para el doctor en Energía y ex titular de la Secretaría Ejecutiva de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), Victorio Oxilia, lo más conveniente es terminar la negociación siempre con dinero en el bolsillo.
“Toda vez que el gasto de ese recurso adicional sea totalmente transparente para la población, es decir, si no va a ser transparente, prefiero que baje la tarifa. Ahora, si va a ser transparente, más vale que se mantengan esos USD 500 millones, porque puede entrar como un recurso para financiar proyectos de infraestructura, proyectos sociales e inclusive proyectos que pueden interesar a ambos países”, recomendó.
Oxilia considera que los recursos destinados a inversiones sociales deberían ingresar al Presupuesto General de la Nación, de manera a tener un mejor control sobre su uso. Al respecto, indicó que una parte podría ir a la ANDE para inversiones en el sector eléctrico paraguayo, que necesita una inyección de USD 10.000 millones en los próximos 10 años, tres veces más de lo que se destina actualmente.
“Este Gobierno tiene que decidir con relación a la generación de electricidad. La holgura que teníamos con Itaipú y Yacyretá va a dejar de existir en corto plazo, entonces ya hay que tomar decisiones en este gobierno sí o sí”, alertó.
Señaló que la energía de Itaipú continúa siendo estratégica para Brasil, a pesar de que su participación en el sistema eléctrico del vecino país bajó del 20% al 9%. Manifestó que más allá de la tarifa de Itaipú, que para Brasil es cara, para los agentes del mercado brasileño es importante la previsibilidad de cuánto dispondrán de la energía de la binacional, atendiendo al crecimiento de la demanda del mercado interno paraguayo.
