Tras la aprobación de la Cámara de Diputados para el proyecto de ley, se habilitó el uso de unos USD 10 millones del Instituto de Previsión Social (IPS) para el subsidio a comerciantes de la zona fronteriza con Argentina y la eliminación del cuarto pago del programa Pytyvõ.
El gerente de prestaciones de la previsional, Pedro Halley, explicó a MarketData que este es dinero con que la institución cuenta para seguir realizando los pagos de compensaciones por suspensiones de contratos laborales para asegurados en el marco de la pandemia. Además, consideró que la ley es inconstitucional, ya que va en contra del artículo 95.
El mencionado artículo de la Constitución Nacional establece, en su último párrafo y de manera taxativa, que los recursos financieros de los seguros sociales no pueden ser derivados de sus fines específicos y que deben estar disponibles para estos objetivos, sin perjuicio de las inversiones lucrativas que puedan acrecentar el patrimonio.
“Bajo ningún punto de vista los fondos destinados al seguro social pueden ser utilizados para no asegurados, eso es inconstitucional porque viola el artículo 95 de la Constitución. Esa es la postura técnica que yo ya advertí y el presidente (del IPS, Andrés Gubetich) ya se hizo eco”, refirió Halley.
Explicó que tras la correcta administración de los recursos para el pago de compensaciones por suspensiones de contratos laborales, la previsional cuenta todavía con USD 30 millones, de los cuales el Gobierno pretende utilizar USD 10 millones para el pago de subsidios a comerciantes de la frontera, que no son aportantes de la caja.
No obstante, aseguró que en el peor de los casos estos USD 20 millones que quedarían, en caso de que el proyecto avance, serían suficientes para seguir realizando las compensaciones durante todo el 2021, con lo cual se genera la tranquilidad para los cotizantes en este aspecto.
“Son USD 30 millones y ellos quieren usar 10, pero más allá de lo cuantitativo, esto es ilegal y es inconstitucional porque ese dinero es del IPS y el IPS no es el Estado, sino es de sus asegurados”, opinó.
Fondos insuficientes
Tras la aprobación de la ley y a la espera de la promulgación o el veto por parte del Poder Ejecutivo, el ministro de Hacienda Oscar Llamosas, anunció la preparación de una mesa de trabajo con los comerciantes de frontera para lograr consensos en torno a los subsidios.
Afirmó que en principio los USD 10 millones no serían suficientes para cumplir con todo lo que establece la ley, ya que el proyecto inicial era de una asistencia para cinco ciudades, pero el Congreso agregó otras diez por lo que se imposibilitaba prorratear los recursos nuevamente.
