Este lunes, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó un recurso de nulidad contra el fallo del Tribunal Arbitral que condena al Estado paraguayo por USD 16,5 millones por el caso Metrobús.
Según la agencia estatal IP, la condena establece la responsabilidad del Estado en un 37% de los 691 días de retraso del cronograma de obras y por la ejecución de la póliza de seguro, en contra de una orden del tribunal.
En efecto, la PGR señala que el fallo no ha fundado cómo se acreditó el daño reconocido a la constructora Mota Engil ni justificó cómo se llegó al monto de la condena.
Entre los argumentos en el recurso de nulidad, señalan que se condena al pago de intereses compuestos, lo que implica capitalizar intereses, prohibido por la ley paraguaya. También indican que el tribunal ha dado indemnización de lucro cesante a pesar de la expresa prohibición establecida en el contrato.
Otros argumentos presentados en el recurso de nulidad incluyen que el Tribunal no reconoció las costas al Estado, a pesar de que este prevaleció en mayor medida, como establece el reglamento de arbitraje y la ley paraguaya. Además, el Tribunal no justificó el motivo de rechazar la rectificación presentada por el Estado y emitió su fallo más de un año después del plazo límite.
Este fallo fue dado a conocer el 15 de diciembre pasado. En la oportunidad, el procurador Marco Aurelio González dijo que se analizaría el fallo en busca de vicios para presentar un recurso de nulidad, u otra figura, ante tribunales paraguayos.
CONTEXTO
Recordemos que el laudo que condena a Paraguay a pagar unos USD 16,5 millones incluye los conceptos de: ejecución indebida de la garantía de cumplimiento de contrato, montos retenidos indebidamente, daño emergente, costos y costas e intereses, según había detallado la Procuraduría.
Además de tener que abonar en estos conceptos esta millonaria suma, esta demanda ha costado ya al Estado paraguayo la suma -no menos importante- de casi USD 2 millones en honorarios de abogados, contratados por el gobierno anterior para la defensa, «cuyos resultados han sido negativos para el Paraguay», según sostiene la actual administración.
“Desde la Procuraduría General de la República se están evaluando los recursos que se podrían interponer contra el laudo, de manera a reducir el impacto que generó una administración que no contempló los intereses del Estado a la hora de tomar la radical decisión de suspender las obras del proyecto y cuya consecuencia hoy afecta al patrimonio que es de todos los paraguayos”, expresa el pronunciamiento de la institución.
“Una vez más, la mala gestión en la defensa de nuestros intereses, durante el periodo anterior, expone a nuestro país al pago de penalidades que desangran nuestras arcas”, culmina.
En esta línea, la agencia estatal de noticias IP Paraguay detalla que Mota-Engil responsabilizó al Estado por 691 días de retraso en el cronograma de obras, de los cuales el Tribunal halló culpable al MOPC por 258 días. En total, al 31 de diciembre, el monto que el Estado debe pagar es de USD 16,5 millones, según indicó el procurador Marco Aurelio González, en conferencia de prensa.
Recordemos que las obras del Metrobús se iniciaron en el 2016, durante la presidencia de Horacio Cartes -actual presidente del Partido Colorado y principal aliado del presidente Santiago Peña- y debían culminar en el 2019, ya durante el periodo de Abdo Benítez.
Inicialmente, la adjudicación de las obras fue por G. 300.417 millones, pero terminó costando G. 403.900 millones, un sobrecosto de 35%, según el recuento realizado por el diario Última Hora. Además, la empresa había denunciado que los retrasos se debieron a los problemas y manifestaciones de frentistas. La obra pretendía dar oxígeno al congestionado tránsito de tres ciudades: San Lorenzo, Fernando de la Mora y Asunción.
