Con las modificaciones a la ley de Alianza Público-Privada (APP), se facilitará la captación de inversiones en diversas áreas, mejorando la eficiencia del sector privado y fomentando la atracción de capital extranjero, aseguran expertos en un encuentro organizado por la Cámara de Comercio Paraguay Brasil (CCPB).
En concreto fue en el conversatorio denominado “Inversión y crecimiento: oportunidades con la nueva Ley de APP”, que contó con especialistas como Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía y Finanzas; Marco Aurelio González, procurador general y César Barreto, economista.
Según destacó la CCPB, el gobierno de Paraguay está apostando por el modelo de Alianzas Público-Privadas (APP) para mejorar y expandir la infraestructura del país, especialmente en un contexto de restricciones fiscales. Esta estrategia busca fortalecer no solo las rutas nacionales, sino también otros sectores clave como la transmisión de energía, agua y saneamiento, áreas fundamentales para el desarrollo y bienestar de la población.
“El presupuesto general de gastos del país se complementará con los recursos provenientes de la renegociación del tratado con Itaipú, que permitirá al Paraguay recibir aproximadamente USD 650 millones adicionales, excluyendo royalties y compensaciones. La mayor parte de estos fondos se destinarán a proyectos de infraestructura, lo que representa una oportunidad significativa para el país”, explicó el ministro de Economía y Finanzas durante el evento.
Aseguró que el momento es especialmente favorable debido al grado de inversión alcanzado por Paraguay, lo que facilita la emisión de bonos tanto en guaraníes como en dólares en los mercados internacionales. Esto hace que los proyectos de APP puedan despegar con fuerza, generando empleo y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.
El ministro comentó que, tras un análisis de la ley vigente, se identificaron obstáculos que limitaban la viabilidad de los proyectos. «Teníamos una ley que dejaba todo el esfuerzo sobre el sector privado, y muchas obras no contaban con el aporte del Estado, por lo que no eran viables», señaló.
En este sentido, subrayó que una de las principales modificaciones fue el fortalecimiento del papel del sector público dentro del esquema de APP, flexibilizando los requerimientos financieros y simplificando los procesos de aprobación.
«Anteriormente, la aprobación de proyectos demoraba mucho. Se quitaron muchas partes del proceso burocrático y se hizo mucho más fluido todo el proceso. Estamos ante una excelente oportunidad de que esta herramienta funcione», afirmó.
Durante su intervención, también destacó que la APP no se limita únicamente a proyectos viales, sino que puede ser aplicada en diversos sectores estratégicos. «Tenemos varias leyes por las cuales queremos impulsar la infraestructura, no solo la vialidad», indicó.
Finalmente, el ministro Fernández Valdovinos enfatizó que, si bien el gasto en infraestructura contribuye al crecimiento económico, su impacto debe ser analizado con cautela para no comprometer la estabilidad financiera del país. «El gasto en infraestructura te ayuda en crecimiento, pero no debemos exagerar en su impacto porque, si no, vamos a debilitar la base de nuestro éxito, que es toda la solvencia económica que tenemos», concluyó.
“Esta ley, ha permitido proyectos importantes como la Ruta 2, un ejemplo exitoso de colaboración público-privada”, añadió por su parte el economista César Barreto, asegurando que, con la aprobación de la nueva ley, el proceso se agiliza, clarificando los roles institucionales y aumentando los montos que el fisco puede comprometer en estos contratos.
La nueva ley otorga al Ministerio de Economía un papel rector, consolidando funciones antes dispersas entre diferentes instituciones. Además, se incrementó el monto de los proyectos posibles bajo el régimen de APP, del 2 al 4 % PIB, lo que facilita la inversión en un escenario fiscal más restrictivo.
“El sistema también se presenta como un atractivo para las inversiones extranjeras, ya que proyectos de gran escala, requieren financiamientos que exceden las capacidades del mercado local; esto obliga a recurrir a emisiones de bonos en mercados internacionales”, dijo Barreto.
Al respecto, se abren las puertas a empresas extranjeras con experiencia en infraestructuras regionales, especialmente aquellas con presencia en países como Brasil, Argentina, Chile y Perú.
Este nuevo marco legal no solo apunta a mejorar la infraestructura del país, sino también a fortalecer la capacidad de las empresas locales, que, a través de la colaboración con actores internacionales, ganarán experiencia en proyectos de gran envergadura.
“Creo que es una oportunidad que puede aprovecharse y que es donde deberían involucrarse los actores, que van a participar de alguna oferta en el proyecto de la inversión pública”, añadió Marco Aurelio González, procurador general.
