En el marco de la transición de gobierno, el Estado se encuentra en un proceso de reconocimiento de deudas con proveedores que se arrastran desde la época de la pandemia.
Según se explicó recientemente desde la administración entrante, el total de este pasivo a contabilizar sería de alrededor de USD 900 millones y uno de los sectores más afectados es el de la construcción, al que se le adeuda cerca de USD 400 millones.
En conversación con MarketData, el presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y referente del sector, Paul Sarubbi, explicó que además del monto principal, el Estado paraguayo se encuentra acumulando intereses que deberá pagar como consecuencia del retraso, que ya tiene más de un año y medio.
“El Estado también va a tener un sobrecosto porque va a tener que devolver ese dinero de intereses que las empresas les pagaron a los bancos», comentó.
Explicó que la tasa de interés, regulada por el Banco Central del Paraguay (BCP) para este efecto, es variable, pero que el promedio está en alrededor de 15% a 18%, y se debe pensar en una deuda que ya tiene más de un año. En consecuencia, el monto que ya adeuda el Estado paraguayo en concepto de intereses por esta falta de cumplimiento ya ronda los USD 80 millones, según explicó el empresario.
“Se habla de USD 360 millones, pero mes a mes está aumentando. Supongamos que sea USD 400 millones, y si calculamos una tasa del 15% anual, por una deuda que pasa el año y medio, ya estamos hablando de casi USD 80 millones que tiene que pagar el Estado”, expresó Sarubbi.
En este contexto, cabe destacar que la tasa de interés a la que se expone la administración central por estos atrasos está entre las más altas del mercado, pues si se la compara con las tasas promedio que rigen en el sistema bancario, se ubica solo por debajo del costo aplicado a préstamos de consumo, que actualmente presenta un promedio de 21,88% anual al presentar uno de los mayores riesgos de incumplimiento.
“Esta es una atribución legal que nosotros tenemos. Cuando firmamos un contrato, se estipula cuál es el plazo de pago; y si el plazo no se cumple, el atraso que se genera y el Estado tiene que pagar por esos intereses”.
Paul Sarubbi, presidente de Cavialpa.
Por tomar algunos ejemplos, los préstamos comerciales tienen un promedio de tasas del 13%, según el registro del Banco Central, al cierre de junio de este año. Por su parte, la tasa de interés para préstamos de desarrollo se ubica en 11% promedio; y las tasas de préstamos para vivienda, en torno al 10,8%.
Por su parte, la tasa máxima efectiva para operaciones en guaraníes con tarjeta de crédito fue fijada en 18,16% para agosto 2023, según la resolución del Banco Central.
“Si el Estado no me paga rápido, el mes siguiente voy a tener que pagar por personal y materiales, entonces tengo que ir al banco para seguir trabajando. Entonces, ese interés que luego yo le cobro al Estado lo uso para cubrir el interés al banco, porque de lo contrario sería directamente una pérdida”, aseveró Sarubbi.
“Esta es una atribución legal que nosotros tenemos. Cuando firmamos un contrato, se estipula cuál es el plazo de pago; y si el plazo no se cumple, el atraso que se genera y el Estado tiene que pagar por esos intereses”, refirió.
El empresario indicó que, de otra manera, sería inviable trabajar con el Estado, ya que ante la falta de pagos, los agentes del sector recurren a financiamiento bancario y deben pagar intereses para seguir teniendo capital operativo.
También apuntó que el crédito comercial con proveedores de materiales suele ser de hasta 30 días, y de hecho los pagos del Estado son como mínimo a 45 días, normalmente.
“Si no me paga el Estado en el plazo estipulado, yo ya puedo hacer un cálculo de intereses en base a una tasa que es la que regula el Banco Central. El BCP dice cuál es el interés anual, y en base a eso la empresa sabe cuánto tiene que cobrar por cada día de atraso. Si se atrasa 30 días, uno calcula en base a la tasa anual, cuánto es lo que tiene que cobrar”, explicó.
