En una sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados dieron estudio al proyecto de ley “Que regula la industria y comercialización de activos virtuales – criptoactivos”, remitido por la Cámara de Senadores.
La decisión fue aprobar la normativa, pero con modificaciones, con base en los dictámenes dados a conocer por las comisiones asesoras de Asuntos Económicos y Financieros y de Ciencia y Tecnología.
Cabe resaltar que el proyecto tiene por objeto regular las actividades de minería, comercialización, intermediación, intercambio, transferencia, custodia y/o administración de criptoactivos o instrumentos que permitan el control sobre criptoactivos.
Con este documento se apunta a garantizar la seguridad jurídica, financiera y fiscal en los negocios derivados de su generación y comercialización.
De acuerdo a los legisladores, la eventual ley será de aplicación obligatoria para toda persona física o jurídica domiciliada en Paraguay, que se dedique a las actividades de minería, comercialización, intermediación, intercambio, transferencia, producción, custodia y/o administración de criptoactivos o instrumentos que permitan el control sobre los mismos.
Acerca del proyecto
La iniciativa establece la autoridad de aplicación del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), que coordinará las actividades de registro, supervisión y control junto con la Comisión Nacional de Valores; la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD); la Administración Nacional de Electricidad (ANDE); y el Ministerio de Hacienda, a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
Se pronunciaron a favor de la propuesta, los diputados Sebastián García (PPQ-Capital); Carlos Rejala (PPH-Central); Antonio Buzarquis (PLRA); Celso Kennedy (PLRA); entre otros.
El legislador Tadeo Rojas (ANR), brindó detalles de un dictamen negativo de la Comisión de Presupuesto.
Explicó que algunas instituciones, a pesar de ser consideradas muy importantes para los alcances de la normativa, no acompañan la aprobación y se manifiestan abiertamente en contra, como el MIC, donde se enfatiza el bajo impacto en creación de empleos con relación al consumo energético que requiere.
También mencionó al BCP, que en su informe remitido da cuenta que el proyecto no cumple funciones básicas del dinero y constituye inversiones de alto riesgo, pudiendo generar “falsa sensación de seguridad con relación a la tenencia de activos”.
“No compensa los costos en cuanto a consumo de electricidad; la Comisión de Presupuesto recomienda el rechazo”, dijo el diputado Rojas, al tiempo de recordar que también la SET, SEPRELAD y la Comisión Nacional de Valores, están en contra.
Respondió a los cuestionamientos el parlamentario Sebastián García, que dijo que “es cierto que implica un alto consumo energético, pero es cierto, igualmente, que se han fijado topes y habrá atribuciones para las instituciones, a los efectos de poner plazos, tiempo límite para que el consumo de energía vaya en línea con la disponibilidad”.
El diputado Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), a su turno, tajantemente, señaló que “esto va a favorecer el lavado de dinero y el crimen organizado”.
“Si no lo aprobamos, va a seguir siendo un negocio irregular, sin control”, expuso, a su vez, el diputado Celso Kennedy.
Finalmente, tras un extenso debate, el plenario optó por aprobar este proyecto y tener en cuenta ciertas modificaciones impulsadas por las referidas comisiones de Asuntos Económicos y de Ciencia y Tecnología, que encabezan los diputados Justo Zacarías (ANR-Alto Paraná), y Sebastián García, respectivamente.
Tras la aprobación con modificaciones, el documento fue nuevamente remitido a la Cámara Alta que deberá dar su visto bueno a su versión original o la enviada por por los Diputados.
