La citación al titular de Transporte, Óscar Stark, por parte de la Cámara de Diputados para el próximo lunes 24 de abril, es a raíz del escándalo generado tras la comprobación de serias irregularidades, como la carga de datos de “pasajeros fantasmas” y la recurrente “regulada” en el servicio de transporte público por parte de los empresarios del sector.
Cabe recordar que el documento original se centraba en la interpelación de Víctor Sánchez, quien se desempeñaba en el cargo, pero fue destituido la semana pasada. La plenaria, sin embargo, creyó oportuno aprobar la interpelación con las correspondientes modificaciones, pero ya dirigida al nuevo viceministro.
“El presente pedido de interpelación responde a la actual situación de precariedad del sistema de transporte público, donde la ciudadanía es una vez más la que sufre los embates de la actual gestión del viceministro de Transporte que, según pareciera, no se encuentra respondiendo con claridad a las exigencias actuales del servicio, el cual consta con más de 200.000 usuarios diarios, solo en el Área Metropolitana”, expresa parte de la exposición de motivos del mencionado proyecto.
Igualmente, desde la Cámara recomendaron el veto total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que establece el marco legal para el pago de una compensación histórica a los ex trabajadores constructores de la usina fue tema de análisis en la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria de la Cámara Baja. El dictamen fue por aceptar dicha objeción.
Este bloque asesor tiene como titular al diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), quien informó que hubo coincidencia con los argumentos del Poder Ejecutivo. Desde allí habían señalado que, tras un exhaustivo análisis jurídico, se llegó a la conclusión de que se trata de una medida inconstitucional y que tendrá un elevado costo para el Estado.
Recalcó que dicha iniciativa es inconstitucional, ya que el manejo de la Binacional, y de sus recursos financieros, están supeditados a un tratado internacional; por ende, no puede modificarse unilateralmente por el Congreso de ninguno de los dos países signatarios del acuerdo.
“El tratado internacional tiene prevalencia sobre cualquier tipo de ley ordinaria que pueda surgir de los congresos. De esta manera se precautela los intereses de la binacionalidad”, señala una parte de la objeción.
Binacionales pueden ser auditadas, según legisladores
La Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos de la Cámara Baja llevó a cabo una audiencia pública denominada “Auditoría a los entes binacionales. Las binacionales tienen que ser auditadas”. El evento contó con la ponencia de destacados invitados como el Dr. Camilo Benítez Aldama, contralor general de la República; Hugo Estigarribia, constitucionalista y exsenador y Miguel Abdón Saguier, constitucionalista y también exsenador.
Además, expuso el diputado, Jorge Ávalos Mariño, exdirector general de Asuntos Jurídicos y actual presidente de la Comisión de Legislación y Codificación; así como el excontralor general de la República, Octavio Airaldi; entre otros.
Al hacer una evaluación de la jornada, el presidente de la Comisión, Fernando Oreggioni, detalló que existió coincidencia, entre los disertantes, en el sentido que no existe impedimento alguno para que puedan realizarse auditorías a los entres hidroeléctricos binacionales.
Recordó, sin embargo, que la posibilidad de auditorías por parte de la Contraloría General de la República a los entes binacionales, establecida en una ley especial, se había impedido recurriendo a la Corte Suprema de Justicia.
“Decidimos hacer una evaluación, precisar las leyes que existen y plantear cómo resolver esta cuestión. La Corte Suprema de Justicia tiene que rechazar la inconstitucionalidad planteada por ambos directores (Itaipú y Yacyretá), porque no corresponde”, puntualizó Oreggioni.
