En su sesión ordinaria de ayer, la Cámara de Diputados se ratificó en su versión inicial con relación al proyecto de ley “De los servicios de confianza para las transacciones electrónicas, del documento electrónico y los documentos transmisibles electrónicos”.
Con un total de 58 votos a favor, el documento en su versión original fue remitido a la Cámara Alta para un nuevo análisis. La iniciativa, según su principal promotor, el diputado Sebastián García (PPQ), contribuirá con la formalización del sistema financiero.
El proyecto de ley, que iniciará su cuarto trámite constitucional cuando ingrese nuevamente al Senado, pretende dar un alto nivel de seguridad a las transacciones, a través de mecanismos como la creación de la identidad electrónica, para evitar falsificaciones o fraudes, así como un mayor control a los giros y billeteras electrónicas, entre otros puntos.
Durante el debate en la Cámara Baja, el diputado García sostuvo que, de aprobarse la ley, representará un paso histórico en la vida de muchos ciudadanos que hoy deben viajar grandes distancias o pagar a un gestor para la tramitación de documentos.
“Gracias a esta propuesta se estrecharán los lazos de la ciudadanía con el Gobierno, permitiendo a la gente hacer trámites diarios desde su celular”, argumentó.
Aseguró, además, que en contrapartida a las argumentaciones de los detractores del proyecto, quienes alegan que el texto afecta gravemente a usuarios de giros y billeteras electrónicas, el espíritu de la normativa es proteger al ciudadano mediante la validación remota de datos.
Por su parte, el diputado Derlis Maidana (ANR), seguidamente, dijo que la versión Diputados permite tener la certeza de que no hay suplantación electrónica de identidad en estas operaciones.
Recordó que estos métodos de transacciones electrónicas son muy utilizados hoy en día, por lo que es urgente regularlos.
En contrapartida, los diputados Kattya González (PEN), Norma Camacho (PEN), y Edgar Acosta (PLRA) fueron los encargados de abogar por las modificaciones realizadas en la Cámara de Senadores.
Artículo en discusión
El artículo 103 de la iniciativa es el que debe definir la Cámara Alta y es cuestionado, en su versión Senado, por la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), pero apoyado por la Cámara de Operadores Móviles del Paraguay (COM).
En este punto, cabe mencionar que lo ratificado por Diputados señala que “en las operaciones que impliquen pagos, giros o transferencias de dinero, apertura y administración de cuentas, financiación o créditos, gestión de patrimonio y/o de valores gestionada por vía electrónica la identificación electrónica deberá utilizar medios de identificación electrónica expedidos en virtud de un sistema de identificación electrónica con nivel de seguridad alto”.
Sin embargo, en el Senado acordaron establecer que para las operaciones citadas se deberá utilizar los medios de identificación electrónica “expedidos en virtud de un sistema de identificación electrónica cuyos niveles de seguridad sean acordes al riesgo asociado y la reglamentación emitida por la autoridad reguladora competente”.
Argumentaciones de los gremios
La COM había emitido un comunicado señalando que la versión de Diputados impone la intervención del Prestador de Servicios de Confianza, que es un intermediario para la validación de los datos de los titulares de billeteras electrónicas. El gremio sostiene que esto paralizará el funcionamiento de estos medios de pago, y luego complicará y encarecerá su uso, sin que ello genere ningún beneficio para los usuarios.
Por esta razón, desde la COM habían afirmado que en caso de que se sancione la versión de Diputados, se estaría afectando a unos 5 millones de paraguayos y usuarios de billeteras electrónicas. Además, aseguraron que dos de cada tres paraguayos que integran la población económicamente activa perderán una herramienta fiable.
Por otro lado, la Asoban sostiene que la ley debe establecer parámetros rígidos de identificación de los usuarios de billeteras electrónicas y todos los servicios para transacciones de dinero.
“Las distintas plataformas no se pueden conectar si no es en base a estándares altos. No poner en la ley esta exigencia significaría que los usuarios no van a poder ampliar sus operaciones de usar medios de pago en todas las plataformas”, aseguraban en un comunicado.
