La Asesoría Jurídica de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a cargo del Dr. Eduardo González, presentó ayer un informe de gestión sobre las principales acciones llevadas adelante en los primeros meses de periodo constitucional, bajo la administración del director ejecutivo, Luis Benítez en la EBY.
González informó que se tomó la decisión de llevar adelante la reestructuración de Recursos Humanos en la oficina a su cargo. Informó también que en la Asesoría Jurídica se encontró con 146 personales.
De esa cantidad, 128 eran nombrados, 12 contratados y 2 comisionados, lo que implicaba una erogación mensual superior a los G. 4.969 millones, solo en pago de salarios. A ellos se sumaban 5 asesores especiales que en total percibían unos G. 67 millones.
Indicó que ante esta situación, se tomó la decisión de rescindir contrato, desvincular a un grupo (18 funcionarios y 5 asesores especiales) y cortar beneficios que no correspondían como el pago de dedicación funcional. Con esto, se logró un ahorro mensual de G. 546 millones.
El asesor instó a los trabajadores a defender los intereses de la institución en todas las instancias. Asimismo, pidió resultados que beneficien a la institución y al país.
Por otra parte, González resaltó el acuerdo logrado en un juicio caratulado Blas Mateo Alonso y Hermenegildo Giménez c/ la Entidad Binacional sobre reconocimiento de antigüedad y otros derechos.
Explicó que la institución tenía una condena de más de G. 8.393 millones, que con la contingencia a la fecha ascendían a G. 11.123 millones. La EBY acordó el pago de G. 4.091 millones, alcanzándose así un ahorro de G. 7.032 millones.
Asimismo, la coordinación judicial logró sentencia favorable en un caso que data de abril del 2013, donde el entonces director de la EBY, Lic. Enrique Cáceres se comprometió a abonar al señor Wildo Alberto Giles la suma de G. 4.904 millones.
El pasado 10 de octubre el juzgado en lo Civil y Comercial del vigésimo turno dispuso el rechazo de la demanda. De confirmarse la sentencia definitiva, la EBY se estaría liberando de pagar un monto de G. 20.189 millones al demandante.
En otro momento, González también se refirió a los embargos laborales duplicados detectados en al menos cuatro juicios, por un monto de G. 2.949 millones.
Desvinculación de funcionarios en la ESSAP
Cabe recordar también que a finales del mes pasado, el presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP), Luis Fernando Bernal, anunció la desvinculación de 597 funcionarios de la empresa estatal, debido a una superpoblación y una disparidad de criterios entre sus salarios y sus funciones.
Según había detallado en una conferencia de prensa, de estos, 353 eran contratados, cuyos contratos vencen el último día de septiembre, y 244 nombrados, que no cuentan con estabilidad laboral. Todo este proceso se llevó a cabo respetando los derechos laborales y amparados en el código laboral.
Bernal había asegurado que esta medida no se dará solamente en materia de recursos humanos, sino en todos los niveles presupuestarios, con el fin de priorizar trabajos en cuanto a la producción de agua en todas las plantas y ofrecer un servicio eficiente a la ciudadanía.
Con esto, la ESSAP podrá destinar aproximadamente entre 2.000 y 2.500 millones de guaraníes mensuales a trabajos de mantenimiento en las plantas, reparación de cañerías, alcantarillado, y construir nuevos pozos y plantas, que permitirán hacer frente a la temporada de verano en nuestro país.
Recortes en Itaipú
También, el miércoles de esta semana, el director Ejecutivo de Itaipú, Justo Zacarías Irún, comunicó que, tras un exhaustivo análisis del Proceso Selectivo Externo 2023 (PSE), la Binacional da por terminado el Contrato Individual de Trabajo de las 187 personas que fueron admitidas en el mencionado concurso.
Según informaron, la decisión fue tomada sobre la base de las inconsistencias encontradas como resultado de la verificación del proceso de selección, que se inició el 28 de agosto pasado.
Zacarías Irún había precisado que las irregularidades observadas tienen que ver con los procedimientos de divulgación, verificación de documentos y selección de candidatos.
De esta manera, ya son tres las entidades que están realizando desvinculaciones en busca en ahorros y racionalización de sus gastos.
