El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó la Ley N° 7089 que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública.
“Esto va a impedir que los funcionarios públicos que hayan tomado decisiones en ciertas áreas después de salir del poder puedan ser contratados en el sector privado, en esas áreas donde influyeron como autoridad”, explicó el presidente en conferencia de prensa.
“Ya está firmada la ley en homenaje al Día del Periodista Paraguayo”, argumentó al tiempo de señalar que está conforme con las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. La iniciativa establece una pausa de un año posterior al ejercicio de la función pública para el ingreso al sector privado cuando puedan existir efectivamente conflictos de intereses.
Además, se dispone como requisito la presentación de declaración jurada de intereses para el ingreso en la institución y queda como único órgano de aplicación la Contraloría General de la República.
El mandatario remarcó que la idea es evitar que los conocimientos adquiridos por el funcionario en el servicio público sean utilizados como un activo en su currículum a fin de ser contratado por una empresa relacionada al sector donde estuvo anteriormente.
“Esto nos va a ayudar mucho en lo que todos conocemos como las puertas giratorias, (de personas) que están en el poder y después son contratadas por empresas del rubro”, aseguró el gobernante.
La Contraloría será la autoridad de aplicación. Se establece las sanciones para los funcionarios por omisión de presentación de su declaración de intereses o falseamiento así como sanciones para los mismos una vez se acredite que incurrió en un conflicto de intereses.
La sanción aplicada por la CGR puede llegar a 300 jornales mínimos e inhabilitación por 5 años para el ejercicio de la función pública.
