Revisión exhaustiva del marco jurídico electoral; protección de periodistas y defensores de derechos humanos; educación de votantes; examinar las condiciones del voto asistido para prohibir la ayuda de los apoderados y veedores de los partidos; y un registro civil de los pueblos indígenas más inclusivo. Estás son algunas de las recomendaciones que deja la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) en el informe final que presentó este martes.
Se trata de acciones prioritarias que consideran se deben efectuar en el país, a partir de los eventos detectados en las elecciones generales del pasado 30 de abril, el proceso de campaña y el conteo de votos. Las recomendaciones quedan a disposición del Gobierno de Paraguay, el Congreso Nacional, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, las organizaciones políticas, la sociedad civil y la comunidad internacional.
Entre las recomendaciones señalan que debería emprenderse una revisión exhaustiva del marco jurídico electoral para abordar la ambigüedad e incoherencia de algunas disposiciones legales, y adaptar la ley al nuevo sistema electoral y al uso de la tecnología electoral.
También, instan a establecer el mecanismo institucional independiente previsto en el proyecto de ley de 2023 sobre protección de periodistas y defensores de derechos humanos, para garantizar la aplicación efectiva de sanciones por agresiones a periodistas.
Además, dicen que la administración electoral debería considerar la implementación de una campaña amplia y exhaustiva de educación para votantes, que incluya el papel de la administración electoral, los derechos políticos y la participación de la ciudadanía, además de los procedimientos de votación.
Asimismo, revisar las condiciones del voto asistido para prohibir la ayuda de los apoderados y veedores de los partidos y de los miembros de las mesas receptoras de voto, registrando los casos de voto asistido en las actas de las mesas receptoras de voto.
Otra recomendación a considerar es la aprobación de una ley de observación electoral nacional que contenga los derechos y obligaciones de los observadores y promueva su participación en el proceso electoral; además de desarrollar una plataforma organizada y permanente de organizaciones de la sociedad civil que lleven a cabo la observación electoral. Estas organizaciones podrían desarrollar una metodología clara para la observación del período preelectoral, la jornada electoral y el período postelectoral, agrega el informe de la UE.
La MOE-UE sostiene que también se debe revisar el sistema de reclamaciones y recursos con el fin de proporcionar un remedio eficaz y oportuno a las partes perjudicadas, incluido el tipo de acción para una revisión/recurso judicial.
Por otra parte, para promover la participación igualitaria de las mujeres en la vida política y pública, consideran importante hacer efectivo el principio establecido por el artículo 48 de la Constitución. Esto podría incluir la adopción de disposiciones específicas para la participación política efectiva de las mujeres.
También, entre las recomendaciones figura la realización de esfuerzos institucionales para un registro civil de los pueblos indígenas más inclusivo que garantice la protección de los derechos de las personas indígenas y su participación en la vida pública y en los asuntos políticos de su país.
“Deberían tenerse en consideración la organización de debates sobre la implementación de estas recomendaciones prioritarias lo antes posible, a fin de abordar de manera oportuna las deficiencias identificadas en el proceso electoral de 2023, muchas de las cuales también se destacaron en el informe de la MOE de 2018”, señalaron en el informe.
Desafíos en transparencia del financiamiento político
Uno de los puntos en los que pusieron especial énfasis fueron los mecanismos de financiamiento político, donde se recomienda corregir el momento en que se pagan los subsidios a los partidos a fin de que se efectúen antes de las elecciones, no después, como ocurre actualmente y genera vulnerabilidad en términos de igualdad de oportunidades y exposición al crimen organizado.
Específicamente, en el informe de la MOE-UE se expone que la Ley prevé un subsidio electoral para los gastos de campaña, pero solo se desembolsa después de las elecciones, previa presentación de las rendiciones de cuentas de la campaña, y en función del número de votos obtenidos en las elecciones al Congreso y departamentales.
«Por lo tanto, la mayoría de los partidos y candidatos solicitaron préstamos bancarios para poder financiar sus actividades de campaña y/o recurrieron a fuentes de financiamiento privadas. Los interlocutores expresaron su preocupación por la posibilidad de que recursos financieros procedentes del crimen organizado y el narcotráfico estuvieran financiando la campaña», advierte la misión.
Si bien aclara que no pudieron verificar tales alegaciones, la MOE-UE recomienda reforzar los recursos humanos y la formación de la Unidad Especializada de Fiscalización del Financiamiento Político para mejorar su capacidad de control de los ingresos y gastos de campaña.
“En relación con la implementación del 2018, era intentar que hubiera mayor transparencia en su conjunto, y es verdad que la hay, lo que pasa es que quizás todavía no sea suficiente. Algo que nosotros habíamos detectado en las elecciones es ese nuevo sistema nominal, en el que hemos detectado no demasiada efusividad”, refirió Gabriel Mato, jefe de la Misión Electoral de la UE, en conferencia de prensa brindada en la tarde de este martes.
Con esto, hizo referencia a que con este nuevo método de votación, los candidatos que tienen más medios tienen más posibilidades de hacer llegar su mensaje a los ciudadanos. En consecuencia, afirmó que el mejor mecanismo para garantizar la igualdad es que haya una transparencia absoluta en cuanto al gasto, y no solo el origen de los bienes.
“Lo que vamos a hacer desde la misión es intercambiar reflexiones sobre este informe final, y lo vamos a hacer el próximo jueves 24 en un conversatorio con la Justicia Electoral, con la sociedad civil, la prensa”, comentó.
La excesiva burocracia también afecta a las condiciones en que los distintos contendientes pueden efectuar sus respectivas campañas. A modo de ejemplo, la misión de la UE relata que las pequeñas contribuciones privadas deben efectuarse a través de la cuenta bancaria oficial.
«Estas donaciones no suelen declararse para evitar la burocracia. Algunos partidos políticos también tuvieron dificultades para abrir una cuenta bancaria a tiempo, a pesar del acuerdo entre el TSJE y el banco estatal (Banco Nacional de Fomento)», agrega el reporte.
Otra debilidad radica en la capacidad del TSJE de auditar las rendiciones de cuentas. En este sentido, la UE informa que en las elecciones primarias, un alto porcentaje de las rendiciones de cuentas presentadas por los movimientos internos de las organizaciones políticas (45 de 65) exponían cero ingresos y cero gastos, algo poco probable, a criterio de la misión.
Para las elecciones del 30 de abril, advierten que solo el 86% de los 9.092 candidatos presentaron sus declaraciones juradas y el 93%, tras las elecciones primarias.
“Democracia paraguaya está consolidada”
Es importante mencionar que, esta mañana, la comitiva de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) que se encuentra en nuestro país entregó a los Ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) el Informe Final de las labores realizadas durante las Elecciones Nacionales del 30 de abril.
Antes del encuentro, Gabriel Mato, jefe de la Misión, manifestó que Paraguay cuenta con una democracia claramente consolidada, esperando además que continúen las labores en conjunto «que aportará, lógicamente, beneficios para toda la sociedad».
«Tras las elecciones hemos llegado a un informe final, hicimos un recorrido exhaustivo sobre todo lo que ha sido el proceso electoral del 30 de abril, pero fundamentalmente lo que venimos a hacer es, tal y como está previsto, unas recomendaciones que aparecen en este informe final», afirmó Mato, antes de la reunión.
De la reunión participaron los miembros de la máxima instancia electoral, ministro Jorge Enrique Bogarín González (presidente), César Emilio Rossel (vicepresidente) y Jaime Bestard. Por parte de la UE, participaron el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Unión Europea, Javier García de Viedma; el Jefe de Misión, Gabriel Mato; la Jefa Adjunta de la Misión, Tania Marques; el analista de Tecnologías Electorales, Paulo Siqueira; el analista político, Xabier Meilán y la analista de medios, Silvia de Félix.
