Instituciones supervisoras y reguladoras, como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), emitieron normativas para flexibilizar el control y agilizar trámites a las empresas que operan en el país, de manera a apoyar las acciones tomadas por el Gobierno en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19.
A través de su Resolución N° 77/2020, la Seprelad autorizó a los sujetos obligados – como bancos, financieras, telefonías que ofrecen servicios de billetera electrónica, y otras Entidades de Medios de Pagos Electrónicos (EMPE’S) –, a flexibilizar y simplificar los procedimientos. Esto, para agilizar la asistencia económica a los beneficiarios del programa Pytyvõ 2.0.
Para el programa Pytyvõ 2.0, el Ministerio de Hacienda dispone de USD 125 millones que deberán ser transferidos a trabajadores informales y cuentapropistas afectados por la pandemia. El programa pone énfasis en la asistencia para los trabajadores de frontera, que serán los primeros que recibirán el primer pago de G.500.000, de los cuatro que se pretenden realizar, según la disponibilidad de recursos.
La entidad de control también establece en su normativa la obligación de observar procesos de debida diligencia en la identificación, monitoreo y verificación de la identidad de los titulares y beneficiarios del mencionado programa social. Describe además criterios de información que debe ser obtenida por los mismos.
Por su parte, la Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso, a través de la Resolución N° 21/2020, prorrogar hasta el 31 de agosto de manera excepcional el plazo de remisión de la información periódica de los Estados Financieros, que deben ser remitidos de manera trimestral por las empresas inscriptas como emisoras en el mercado de capitales paraguayo.
Hace unas semanas, la CNV había dictado la suspensión de cinco empresas por no presentar en el plazo establecido sus informes de Estados Financieros, que venció el 30 de junio del 2020.
