Autoridades de varios gremios solicitan al Gobierno la revisión de algunos puntos fundamentales de la Ley No. 6380 (reforma tributaria) y sus reglamentaciones.
En el comunicado oficial emitido por el conglomerado de sectores se apunta, taxativamente, que el pedido responde a la dificultad que ha tenido la economía en los dos últimos años.
Entre los grupos que firman el pedido se encuentran la Asociación Rural del Paraguay (ARP), el Centro de Importadores del Paraguay (CIP), la Federación de la producción, la industria y el comercio (Feprinco), la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam), la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) y la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex), entre otros.
Ante los problemas que han tenido que sopesar las empresas agrupadas en estos gremios – entre las que se mencionan las medidas sanitarias para proteger a la población -, recordaron que si bien el proceso de elaboración de la ley fue correctamente socializado, el sector privado no tuvo el mismo nivel de participación para la reglamentación.
Según argumentan los empresarios en su solicitud, esta falta de participación en la correspondiente reglamentación de la ley tuvo un efecto negativo en cuanto a la “armonía y simplicidad” de su texto.
También se considera que, de haber tenido un proceso de debate más amplio, la reglamentación hubiera tenido un mejor resultado aun cuando su puesta en vigencia se hubiese retrasado.
“Haciendo uso del derecho que otorga el art. 40 de la Constitución Nacional, es que venimos a peticionar a nuestras autoridades la revisión/evaluación de algunos puntos de la Ley No. 6380/2019 y sus reglamentaciones mediante la conformación de una mesa de trabajo público privada al efecto”, reza el texto de la solicitud acercada hasta el Poder Ejecutivo.
Aspectos que se piden ser revisados
Uno de los puntos que consideran se deben revisar es el de la deducibilidad de los gastos para el Impuesto a la Renta Personal (IRP), ya que consideran que existen ciertas contradicciones en el texto de la norma sobre este punto.
“Nótese que uno de los principales objetivos de la Reforma Tributaria es la formalización en todos los sectores económicos, por ello la no deducibilidad de las compras realizadas a estos contribuyentes y consecuente castigo al contribuyente del IRE (Impuesto a la Renta Empresarial) es inapropiada a los objetivos del Estado”, se argumenta.
Por otra parte, en torno a la revisión de las normas de valoración para precios de transferencia, los empresarios expresaron “rechazar enfáticamente” todo intento de inferir o modificar las reglas de un mercado libre y transparente mediante reglamentos que no reflejen adecuadamente la realidad de mercado y que vayan en contra de las prácticas comerciales.
Con respecto al Impuesto al Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU), se refiere que si bien la ley establece la obligación de formalizar la capitalización de las ganancias de las SA y las SRL en doce meses, no existe una sanción taxativa por el no cumplimiento de este punto en el plazo establecido.
También hicieron ciertos reclamos de revisión sobre los porcentajes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la utilización del crédito fiscal por adquisición de automóviles por parte de personas físicas; y con respecto al IR, en relación con su reglamentación que tendría “vicios constitucionales”.
