San José, 29 sep. (EFE).- El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, defendió este martes una propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a 1.750 millones de dólares que permitan hacer frente a la crisis causada por la pandemia de la COVID-19, mientras grupos sociales y sindicales se preparan para protestar en las calles.
«Es un planteamiento realista de lo que necesita el país para salir de esta situación (…) El acuerdo con el FMI es necesario. No tener ese acuerdo es condenarnos a que el ajuste lo haga la economía por sí sola y que haya una potencial crisis que podemos evitar», manifestó Alvarado en una conferencia de prensa.
El pasado 17 de septiembre el Gobierno presentó públicamente una propuesta de negociación con el FMI, la cual incluye la creación de nuevos impuestos y recortes de gasto, ante un escenario económico gris que prevé para 2020 una caída de al menos el 5 % de la economía y un déficit fiscal del 9 % del PIB.
Los partidos de la oposición expresaron su rechazo a esa propuesta debido a la nueva carga tributaria y porque consideran que el recorte de gasto es muy pequeño.
Grupos sociales y sindicales tienen previsto para este miércoles una jornada de protestas en puntos estratégicos del país como carreteras y puertos, con el fin de expresar su rechazo a la propuesta al FMI.
El presidente Alvarado afirmó que la propuesta se encuentra sobre la mesa para discutirla con los actores políticos de la Asamblea Legislativa y afinar un planteamiento final para presentar al FMI.
«Decir ‘no más impuestos’ es muy popular pero absolutamente irresponsable. Necesitamos ingresos para subsanar este contexto», dijo Alvarado, quien reconoció que se trata de una «medicina amarga» y «dolorosa».
La propuesta al FMI incluye la creación de la renta global a partir del 2023, la eliminación de exoneraciones a cooperativas y otros entes, así como un aumento en el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles que pasaría de 0,25 % a 0,75 %.
También establece un impuesto a las transacciones bancarias y un aumento en el impuesto sobre la renta, ambos se aplicarían de manera temporal por dos años.
La propuesta abarca el cierre o fusión de algunas instituciones públicas, la venta de activos estatales como el Banco Internacional de Costa Rica y la Fábrica Nacional de Licores; el congelamiento de los aumentos salariales, eliminar exenciones fiscales, entre otros.
EMPRESARIOS PIDEN PAZ SOCIAL
Los sectores empresariales del país también han rechazado los aumentos tributarios planteados y han pedido paz social y abrir el diálogo entre el Gobierno y los grupos que han anunciado protestas y posibles bloqueos de carreteras.
«Entendemos el descontento colectivo a raíz de estas propuestas, sin embargo, somos defensores de utilizar las vías de diálogo y negociación pacíficas y democráticas para defender el bienestar nacional. Afectar el libre tránsito, perjudica a muchas personas trabajadoras que, a pesar de la pandemia, deben trasladarse a sus sitios de trabajo», declaró la presidenta de la Cámara de Exportadores, Laura Bonilla.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) también pidió a la población mantener la paz social en las protestas.
«Afectar el libre tránsito perjudica a muchos trabajadoras que, a pesar de la pandemia, deben trasladarse a sus sitios de trabajo, por lo que, ante el escenario actual, este tipo de acciones se deben desechar ya que impactan a los ciudadanos y agravan la difícil situación económica que atraviesa el país”, dijo el presidente de UCCAEP, José Álvaro Jenkins.
