La Paz, 17 jul (EFE).- El Gobierno de Bolivia anunció este lunes que elabora dos normas para proteger la salud humana de la contaminación por mercurio generada por actividades mineras auríferas que está afectando sobre todo a algunas poblaciones indígenas en el país.
El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa conjunta ofrecida por los ministros de Salud, María Renée Castro, de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez, y de Minería, Marcelino Quispe, días después de una operación policial contra la minería ilegal en la región amazónica de Beni.
Las normas son el «Plan Mercurio y Salud» y la «Guía Técnica para el Diagnóstico Clínico, Tratamiento y Vigilancia de la Intoxicación por Mercurio en Bolivia», indicó Castro.
Según la ministra, ya se tiene un borrador del plan, que fue trabajado con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y toxicólogos bolivianos.
Su objetivo es «establecer líneas estratégicas para orientar las acciones del sector salud a la reducción de los riesgos y efectos resultantes de la exposición al mercurio en la población boliviana», señaló.
El documento tiene cinco líneas estratégicas, incluidas la evaluación y gestión de riesgo en la población expuesta y el fortalecimiento del sistema de salud para atender a esos sectores, precisó.
Una tercera línea es la «comunicación del riesgo, información y educación» y la cuarta es la «reducción, eliminación y gestión de productos con mercurio añadido».
El quinto eje es la «gestión y el marco normativo intersectorial de las sustancias químicas», dentro del cual se prevé establecer una «mesa interministerial» sobre esta problemática.
La guía está en revisión y se espera tener ambos documentos listos hacia la primera semana de agosto.
OTRAS ACCIONES
Castro anunció que este miércoles se prevé una «intervención» en comunidades indígenas de las regiones de Cochabamba y Santa Cruz para recoger información sobre la contaminación minera en esas zonas, ante la preocupación expresada en especial por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap).
La Cpilap difundió el mes pasado un estudio que reveló los altos niveles de mercurio hallados en el cabello de personas de 36 comunidades indígenas afectadas por la minería y el consumo de peces contaminados.
Las comunidades donde se hizo la investigación viven cerca de la rivera de la cuenca amazónica del río Beni y sus afluentes, como el río Tuichi, Quiquibey, Tequeje y Madre de Dios, que también se sobreponen a importantes áreas protegidas del país.
En enero las autoridades anunciaron otros dos proyectos para gestionar el uso del mercurio en la actividad minera, que por ahora no se han socializado con las comunidades.
El pasado viernes, la Policía Boliviana ejecutó un operativo en dos comunidades cercanas al río Madre de Dios en Beni, en el que fueron detenidas 57 personas y se destruyeron más de 27 dragas.
Las detenciones provocaron una protesta en el municipio beniano de Riberalta, cuyos pobladores aseguran que los aprehendidos son meros trabajadores de cooperativas mineras autorizadas, aunque el Gobierno sostiene que su actividad era ilegal.
El ministro Méndez recordó que un decreto aprobado en junio para regular el uso de mercurio establece, entre otros, el registro de los importadores y exportadores de ese elemento y las autorizaciones para su comercialización en el país.
A su turno, el ministro de Minería mencionó que los últimos contratos entre el Estado y operadores mineros incluyen acuerdos preliminares para que no se use mercurio en esas operaciones.
