Lima, 22 mar (EFE).- Colectivos sociales y civiles alertaron este martes, con motivo del Día Mundial del Agua, que han pasado tres años y aún la Justicia de Perú no emite una sentencia que defina la situación del proyecto minero Ariana que, según expertos y activistas, amenaza las principales fuentes de agua de Lima.
«Hoy, en el Día Mundial del Agua, siguen en riesgo las fuentes de agua para diez millones de ciudadanos de Lima y Callao a causa del proyecto minero Ariana», señaló la organización CooperAcción en un comunicado.
El proyecto Ariana, propiedad de Southern Peaks Mining, comprende una mina subterránea de cobre y zinc y una presa de relaves, ubicada a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar en la región central de Junín, en el corazón de los Andes peruanos.
CooperAcción reiteró que existe la posibilidad de que un sismo, lluvias intensas o un accidente causen el colapso de la presa de relaves, lo que «significaría, muy probablemente, un corte del abastecimiento de agua potable para la capital del país y sus más de 10 millones de habitantes».
Por ese motivo, en 2019 un grupo de ciudadanos presentó, con el acompañamiento técnico y legal de CooperAcción y el Instituto de Defensa Legal (IDL), una demanda de amparo ante el sexto juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima Centro.
En 2021, la empresa estatal de agua potable Sedapal solicitó ser incluida en el proceso judicial como demandante, lo que fue aceptado por el juzgado, que aún no dicta una sentencia a pesar de que ya ha escuchado los argumentos de todos los implicados en el caso.
Aunque la mina asegura que el riesgo de contaminación de las aguas es inexistente, los denunciantes remarcan que en la zona se encuentra el sistema de túneles y represas que transporta a través de los Andes el caudal del río Mantaro hacia el río Rímac, el principal surtidor de agua potable de Lima.
CooperAcción agregó que la concesión de este proyecto «se superpone al sistema hídrico de Marcapomacocha y se ubica a 500 metros de distancia del túnel trasandino por el que pasa el 60 % del agua que abastece a la capital».
En ese sentido, con motivo del Día Mundial del Agua, diversos colectivos participaron en un banderazo ante el Poder Judicial peruano, para exigir una pronta sentencia en el caso Ariana.
«Debido a que las presas donde se acumulan los relaves quedan emplazadas en el lugar, el riesgo permanecerá por generaciones aún cuando la empresa minera ya se haya ido del país», acotó el organismo.
Recordó, además, que un informe de Sedapal y otro independiente presentado por el especialista internacional Steve Emerman «demuestran que el riesgo existe».
El exviceministro peruano de Gestión Ambiental José de Echave, actual coordinador del Programa Nacional de CooperAcción, agregó que este caso «muestra las persistentes amenazas al derecho al agua a causa de la expansión ilimitada del extractivismo».
CooperAcción consideró que, por ese motivo, «es urgente avanzar en instrumentos pendientes para la protección de las fuentes hídricas», entre ellos la Ley de Ordenamiento Territorial y la delimitación de cabeceras de cuenca en el país.
