Quito, 5 oct (EFE).- Gremios de profesores universitarios y de colegios declararon este lunes a octubre como el «mes de la resistencia», en rechazo a la conducción económica del Gobierno, la tardanza en el pago de salarios a maestros y el despido masivo de docentes en instituciones educativas del Estado.
Los gremios del magisterio anunciaron medidas de presión para los días 8, 15 y 22 de octubre, esta última que coincide con la convocatoria a una gran movilización de los sindicatos de trabajadores.
«El Gobierno no ha escuchado nuestros reclamos, por lo que hemos decidido adherirnos a las movilizaciones planificadas para octubre, saldremos a las calles a reclamar nuestros derechos», resaltó Roberto Rodríguez, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador (Fenatupe).
Rodríguez indicó que el próximo jueves los gremios de la educación efectuarán un plantón en defensa de la educación pública y que la concentración tendrá lugar en las inmediaciones de la Universidad Central (estatal) de Quito, una de las más golpeadas por el recorte.
Asimismo, el próximo día 15 la Unión Nacional de Educadores (UNE), el mayor sindicato del magisterio, ha convocado a otro plantón de protesta en las afueras de la Corte Constitucional, el máximo organismo de control legal del país, en el que se reunirán maestros de todos los rincones del país.
El 22 de octubre, los gremios de educadores participarán en la jornada de movilización nacional convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la mayor central obrera del país, que ha planificado manifestaciones en varias ciudades.
De su lado, la gubernamental Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) indicó en mayo pasado que el presupuesto universitario sufriría un recorte del 10 por ciento, lo que supone unos 98 millones de dólares.
Rodríguez explicó que el recorte ha provocado el despido de 3.500 docentes universitarios, pero que en general las medidas de austeridad han llevado a la calle a unos 8.000 profesores que trabajaban en instituciones educativas del Estado.
Dijo que el pago de sueldos es otra preocupación para el gremio, pues el Gobierno ha tardado hasta 60 días en abonar el salario correspondiente a los maestros del sector público.
El Gobierno del presidente Lenín Moreno ha ofrecido ponerse al día en el pago de sueldos a los maestros, gracias a la línea de crédito de 6.500 millones de dólares aprobada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
«Ayer en la noche, el presidente Lenín Moreno dijo que después del desembolso del FMI, los salarios ya estarían al día. Esto es mentira porque hasta hoy los docentes no hemos recibido un centavo», indicó Paul Velázquez, portavoz del Colectivo de Docentes Ocasionales de las Universidades del Ecuador.
El gremio de profesores universitarios también expresó su malestar por el nuevo formato virtual de clases, como medida para evitar el contagio de coronavirus, ya que la fórmula del Gobierno no ha garantizado el acceso a internet y equipos tecnológicos a los alumnos que provienen de familias de escasos recursos económicos.
Según un estudio de la oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Ecuador, en colaboración con la UNE, 200.000 niños no retornaron al nuevo año lectivo y se perdió el contacto con 17.000 estudiantes tras el confinamiento masivo decretado por la llegada de la pandemia en marzo pasado.
Las razones para la deserción, según los investigadores, se resume en la falta de acceso a internet y a los equipos tecnológicos necesarios para asistir a las clases virtuales y desempeñar las actividades escolares dentro de casa.
Andrés Quishpe, dirigente de la Unión Nacional de Educadores, aseguró que las familias de escasos recursos se ven obligadas a decidir cuál de sus hijos sigue con sus estudios y cuál debe desertar.
El pasado 10 de septiembre, el Gobierno anunció un plan para dotar de internet a la población, mediante el denominado «plan de chip educativo prepago», por 5,59 dólares al mes, con el que un estudiante podría acceder a seis horas de internet diarias por un mes.
La UNE exigió que el Estado proporcione internet gratuito para la educación, en atención a que la situación económica para las familias humildes es precaria y se ha deteriorado por el impacto del coronavirus.