Quito, 27 nov (EFE).- Ecuador amaneció este sábado con la mirada puesta en el Ejecutivo, una vez que el viernes la Asamblea Nacional (Parlamento) no logró pronunciarse ni a favor ni en contra de un proyecto presidencial de reformas fiscales.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que por esta situación conseguirá la entrada en vigor de su paquete de reformas fiscales, por la vía exprés, no se ha pronunciado aún sobre el hecho, que podría tener lugar mañana al haberlo ingresado para análisis con carácter de urgente, que obligaba a un tratamiento en 30 días.
El movimiento Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), consideró que la aprobación de la reforma tributaria por el ministerio de la ley (exprés) «es un duro golpe contra los sectores populares y medios del país, contra los sectores productivos del campo y la ciudad, contra las comunidades y pueblos indígenas».
Y se declaró «decepcionado» del Gobierno y la Asamblea pues considera que «no son capaces de escuchar el clamor de la sociedad, en medio de la crisis agudizada por la pandemia».
Habló de una supuesta «alianza secreta entre el Gobierno y el bloque de UNES», afín al correísmo, que impidieron tener los votos suficientes para archivar el proyecto, como lo planteó Pachakutik.
La bancada Unión por la Esperanza (UNES), de su lado, asegura que presentó en la Asamblea un informe de minoría como alternativa al proyecto de Ley de Desarrollo Económico. «El proyecto fue negado. No puede entrar por Ministerio de la Ley», señaló.
Pero el partido Izquierda Democrática (ID) apunta que «el Gobierno y el correísmo le dan la espalda al país» con la «nefasta ley económica» que le «mete la mano al bolsillo a los ecuatorianos», por lo que de entrar en vigor, pedirá su inconstitucionalidad.
INCERTIDUMBRE
Para la ID, los cambios propuestos por el Ejecutivo plantean un futuro «de mucha incertidumbre y golpeará duramente a los trabajadores y al sector productivo».
En medio de tantos interrogantes por lo ocurrido el viernes en la Asamblea, el analista económico Alberto Acosta Burneo, sostiene que si la ley entra en vigor, el próximo año empezarán a regir las reformas con la mirada puesta en una recaudación de 1.900 millones de dólares en el próximo bienio.
El suplemento fiscal era requerido para un próximo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), así como la continuidad de las enmiendas que Lasso acordó con la entidad tras llegar al poder hace seis meses.
Acosta Burneo calificó de «excelente» la ley por el lado fiscal, «pero por el lado del resto de la economía, esto significa que en una situación de débil recuperación económica, se va retirar una cantidad muy importante de recursos de las empresas y de las personas naturales».
Esto representa menos dinero para la inversión, lo que reducirá el ritmo de crecimiento y podría degenerar el empleo, lo que va en contracorriente con lo ofrecido por Lasso en campaña electoral.
Con las reformas se modifican los rangos del Impuesto a la Renta (IR) para las personas y bajan las deducciones en gastos de los 14.000 dólares actuales a 5.000 : «Un golpe bastante fuerte» a la clase media, dijo a Efe.
También las empresas deberán pagar más tributos y esto -teme Acosta Burneo- puede obligar a que se pospongan inversiones y, por ende, la generación de empleo o, en el peor de los casos, la destrucción del plazas de trabajo.
Y por ello insistió en que la reforma tributaria «va a ser muy efectiva y eficiente para el tema fiscal y va a superar las metas de ajuste fiscal».
Esa situación «va a tener muy contentos, probablemente a algunos prestamistas internacionales (…) pero el problema de esa visión fiscalista es que lo prioritario es cerrar la brecha fiscal sin importar el costo, y el costo es una desaceleración económica».
Para el analista había otras soluciones, como la priorización de gastos o la reducción de aquellos innecesarios o administrativos en exceso, pero el Gobierno prefirió la vía «más sencilla de aprobar impuestos».
Los juristas sostienen que no hay opción de nuevos análisis a la ley, por lo que debería entrar en vigor de forma automática, «pero en la política de Ecuador, todo es posible», subraya Acosta Burneo.
Para Lasso, lo ocurrido el viernes en la Asamblea, fue una victoria después del bloqueo parlamentario que vivió en septiembre y octubre, en el que el legislativo le obligó a partir en tres su proyecto bandera para reactivar la economía.
Y tras la reforma fiscal, ahora deberá presentar a votación el paquete de reforma laboral, mucho más sensible aún, y más adelante, en el primer trimestre de 2022, el de reformas a la inversión.
Susana Madera
