Buenos Aires, 18 nov (EFE).- La Cámara de Diputados de Argentina aprobó y derivó al Senado en la madrugada de este martes un polémico proyecto con el que el Gobierno de Alberto Fernández busca que las personas que cuentan con «grandes fortunas» hagan un «aporte solidario extraordinario» que ayude a afrontar las consecuencias de la pandemia y sacar al país de la crisis.
Los diputados aprobaron el proyecto superando la mayoría necesaria, con 133 votos afirmativos, 115 negativos y dos abstenciones, tras un debate de 13 horas donde afloró la grieta política entre el oficialista Frente de Todos, que contó con el apoyo de bloques minoritarios de la oposición, y el principal partido opositor Juntos por el Cambio.
Ahora pasará al Senado, donde el oficialismo cuenta con una amplia mayoría.
El texto fue elaborado por los diputados Carlos Heller y Máximo Kirchner, hijo de los expresidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), actual vicepresidenta del país y titular del Senado.
El oficialismo también contó con el respaldo testimonial de una comitiva de funcionarios que asistió al Congreso, entre ellos los ministros Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social).
En la calle, el oficialismo contó con el apoyo de movilizaciones de grupos aliados en el festejo del «Día de la Militancia».
En el recinto, el debate se dividió entre la posición oficial, de que se trata de un aporte por única vez sobre los mayores patrimonios del país para atender la pandemia, y la postura de Juntos por el Cambio, que denunció que es un nuevo impuesto que desalentará inversiones, que además es “confiscatorio” y opera como una doble imposición con el ya existente impuesto a los bienes personales.
El Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas afecta a personas y no empresas que posean una riqueza declarada superior a 200 millones de pesos (casi 2,5 millones de dólares).
Una medida que se calcula alcanzaría a unos 9.000 ciudadanos y con la que se estima recaudar aproximadamente 300.000 millones de pesos (unos 3.750 millones de dólares al cambio oficial), que serían destinados a aplicar medidas para afrontar los efectos de la covid-19 y «apoyar el camino de recuperación económica» del país, sumido en una profunda recesión desde 2018 y con el 40,9 % de la población bajo la línea de pobreza.
La iniciativa ha despertado el rechazo de las entidades empresarias más importantes de Argentina, que han calificado el nuevo «aporte» de confiscatorio y de gravar los bienes destinados a la producción.
