Quito, 22 sep (EFE).- El Gobierno de Ecuador denunció este martes una supuesta estafa en el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), por unos 500 millones de dólares, que podría afectar al sistema de pensiones de la entidad.
La ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, indicó en una rueda de prensa que la supuesta estafa habría sido perpetrada entre 2014 y 2016 y que en el caso está involucradas dos empresas con asiento en Panamá.
Si el dinero no se recupera, «la sociedad ecuatoriana, el Gobierno, el Estado va a tener que obtener los recursos necesarios» para cubrir estas inversiones, añadió Romo.
Agregó que una investigación ejecutada por su cartera y la propia entidad policial encontró dos tipos de inversión, aparentemente irregulares, por un monto global de 532 millones de dólares, lo que, según la funcionaria, representan una «estafa a los fondos de jubilación y pensiones de la Policía».
Detalló que la primera es una operación financiera para obtención de liquidez o reestructuración de portafolio (tipo swap), en la que el Isspol se había comprometido a «intercambiar bonos por 327 millones de dólares de deuda interna ecuatoriana», con una empresa privada.
La segunda operación, según refirió, se desarrolló «a lo largo de tres años en pequeñas cantidades de compra de bonos de deuda externa», por un monto que alcanzó los 205 millones de dólares.
Ambas operaciones, dijo, «fueron hechas con Jorge Chérrez Miño», el representante legal de dos empresas afincadas en Panamá que, a su vez, había ofrecido que el monto de las transacciones sería custodiado por la compañía Depósitos y Compensación de Valores del Ecuador (Decevale).
Según Romo, tras las investigaciones se ha puesto fin a este tipo de operaciones, en los que la empresa privada no entregaba el dinero a la Isspol, sino «más papeles que tampoco se encuentran en poder» del Instituto de Seguridad Social de la Policía.
Si se constata la estafa, «se deberá cumplir con las obligaciones de entregarle dinero al Isspol como rendimiento de sus inversiones», reiteró Romo al recordar que esa institución, al momento, tienen pagos vencidos por más de 100 millones de dólares.
Asimismo, hizo hincapié en que «la jubilación de los policías está garantizada, porque existe una ley que obliga al Estado a asegurar el pago de todo lo que se adeude por estos conceptos».
Por ello, enfatizó en que con este tipo de irregularidades «no solamente se puede haber perjudicado a la Policía, sino a toda la sociedad ecuatoriana».
«No vamos a permitir que desaparezcan esos recursos», exclamó la ministra al identificar a un exdirector del Isspol, David Proaño Silva, como uno de los principales involucrados en la investigación que sigue en curso, pues «todavía hay mucho que desentrañar».
De su lado, el actual director del Isspol, Jorge Villarroel, se quejó de que no ha recibido respuesta de la empresa Decevale sobre las inversiones que ha hecho la institución a su cargo.
«Nunca nos dieron la información precisa, generando desconfianza y eso hizo que se tomen las medidas que la normativa legal nos permite», precisó Villarroel.
El comandante de la Policía, Patricio Carrillo, señaló por su parte que apelará a la cooperación internacional para dar con las personas y la «ruta de las transacciones» en esta trama de supuesta estafa.
«No vamos a descansar y estamos seguros que no podrán esconderse ni los autores ni la transacción que hicieron», recalcó Carrillo.
