Brasilia, 24 may (EFE).- El Parlamento brasileño ha dado el primer paso para la aprobación de unas nuevas normas fiscales que buscan recuperar el equilibrio de las cuentas públicas y al mismo tiempo liberar recursos para la inversión en las áreas sociales.
El proyecto acaba con una polémica ley en vigor desde 2017, que impone unos rígidos límites al gasto público, ha sido propuesto por el Gobierno progresista de Luiz Inácio Lula da Silva y aprobado en la Cámara de Diputados esta madrugada por 372 votos a favor y 108 en contra.
La propuesta todavía debe ser analizada por el Senado, pero el amplio apoyo recibido en la Cámara baja sugiere que no encontrará obstáculos en la votación definitiva.
El proyecto suaviza las normas actuales, que limitan el aumento del gasto público anual a la inflación registrada en el ejercicio anterior, pero establece un marco que garantiza la responsabilidad fiscal y apunta a recuperar el equilibrio de las cuentas estatales.
Mediante ese nuevo marco, el crecimiento del gasto público anual sería limitado al 70 % de la variación de la recaudación tributaria de los últimos doce meses y dejaría de tener a la inflación como única referencia.
Con la propuesta, el Gobierno se compromete a reducir a cero el déficit público primario en 2024 y alcanzar un superávit primario equivalente al 0,5 % del producto interior bruto (PIB) del país en 2025, que deberá subir al 1 % en 2026.
Asimismo, propone controles para impedir un aumento de la deuda pública más allá del 70 % del PIB y, fundamentalmente, permite un crecimiento del gasto en áreas sociales claves, como educación y salud, limitado hasta ahora por las actuales normas.
La propuesta se complementa con una reforma tributaria, cuyos detalles aún se desconocen, pero que será presentada al Parlamento en las próximas semanas y tendrá como meta aumentar la recaudación y combatir con mucho más rigor la evasión.
Brasil registró en 2022 un déficit fiscal nominal equivalente al 4,68 % del PIB, superior al de 2021, cuando había sido del 4,31 %.
El Gobierno sostiene que el nuevo marco fiscal, que ha sido bien recibido por el mercado financiero, recuperará el papel del Estado como «inductor» del proceso económico, mediante inversiones públicas que permitirán la generación de empleo y atenderán al mismo tiempo a las clases más pobres, mediante amplios programas sociales.
Asimismo, asegura que al mantener la llamada «responsabilidad fiscal», se generarán «credibilidad» y el ambiente apropiado para la empresa privada, todo lo cual deberá contribuir a impulsar el crecimiento económico.
