La Habana, 30 jun (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Londres ha denegado el permiso para apelar al Estado cubano y el Banco Nacional de Cuba (BNC) en su proceso legal con el fondo CRF I, que los demandó por un supuesto impago de 72 millones de euros (78 millones de dólares).
Según el auto judicial, que no es público pero al que ha tenido acceso EFE, la jueza a cargo del caso CL-2020-000092, Sara Cockerill, considera que ninguno de los cinco argumentos esgrimidos por la defensa tiene «posibilidad real de éxito», por lo que se le deniega al Estado cubano y al BNC el permiso para poder llevar el contencioso a segunda instancia.
«No hay posibilidad real de éxito (de los argumentos de la defensa), ni individualmente ni de forma conjunta», para lo que sería necesario que al menos dos de los cinco puntos tuviesen opciones de prosperar, escribió la jueza.
En una breve explicación de carácter técnico, Cockerill indicó que los argumentos del Estado cubano y el BNC son eminentemente teóricos, en su mayoría interdependientes (unos de otros) y aseguró que ya fueron rebatidos durante el juicio en primera instancia, celebrado entre enero y febrero de este año.
EFE solicitó una reacción al Gobierno cubano tras esta decisión judicial y por el momento no ha obtenido respuesta. Los medios oficiales del país tampoco se han hecho eco de esta noticia ni de sus posibles consecuencias.
CRF I SE MUESTRA SATISFECHO
El fondo CRF I, el mayor tenedor de deuda soberana de Cuba con bonos por 1.200 millones de euros (1.300 millones de dólares), aplaudió por su parte esta decisión judicial.
En un comunicado afirmó que la decisión supone un «importante progreso» para el fondo, constituido en 2009 en las Islas Caimán, un paraíso fiscal.
«Esta decisión es un importante paso a favor para CRF, (porque está) limitando las opciones de defensa de Cuba y reforzando de forma significativa la posición de CRF en el caso», precisó.
El fondo indicó asimismo que el Gobierno cubano ha reembolsado a CRF I las costas judiciales «tras la victoria inicial de CRF en el Tribunal Superior de Reino Unido» y argumentó que «esta compensación reconoce la validez de las demandas de CRF y es una indicación positiva para CRF y sus inversionistas».
Por último, el fondo avanzó que el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) ha iniciado un proceso legal «sin precedentes» contra Cuba por aproximadamente 1.100 millones de euros (casi 1.200 millones de dólares).
«Esta acción sigue a la presión significativa de CRF sobre ICBC par proteger sus intereses como custodio de los activos cubanos de CRF. La decisión del ICBC de litigar contra Cuba es un paso hacia adelante significativo para CRF y le concede otra dimensión a los crecientes cuestionamientos legales de Cuba», señaló el fondo.
Como en comunicaciones anteriores, CRF I recalcó que su objetivo es una «resolución justa» del caso, pero agregó que una «solución negociada requiere de buena voluntad por las dos partes» y que hasta el momento la parte cubana «ha declinado negociar».
SENTENCIA COMPLEJA
El fallo, dado a conocer en abril pasado, considera que CRF I puede reclamar por impago de deuda al BNC, pero no al Estado cubano, porque durante el proceso de traspaso de los bonos la entidad bancaria cometió «irregularidades».
El Estado cubano y el CRF I aseguraron entonces que la sentencia -compleja y con argumentos de las dos partes- suponía una victoria para sus posiciones. Sin embargo, los dos litigantes anunciaron su intención de apelar la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Londres.
Este proceso, cuya resolución podría demorar años, es relevante no sólo por lo que se dirime en la causa, sino también porque podría sentar un precedente y abrir la puerta a más demandas contra Cuba por impago de su deuda soberana.
El país caribeño estuvo durante décadas sin cumplir con sus acreedores luego de que el expresidente Fidel Castro declarase en 1987 que la deuda era «impagable».
Cuba atraviesa actualmente una grave crisis económica y financiera desde hace más de dos años por las consecuencias de la pandemia, el endurecimiento de las sanciones de EE.UU. con Donald Trump y errores en las políticas económicas y monetarias nacionales.
