Lima, 9 feb (EFE).- Dos exdirectivos de la constructora peruana antes conocida como Graña y Montero suscribieron acuerdos de colaboración eficaz con el Ministerio Público y la procuraduría ad hoc en la investigación del escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, informó este miércoles la procuraduría.
A través de estos acuerdos, José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña reconocen graves delitos de corrupción y se comprometen a colaborar con la Justicia, además de pagar al Estado montos de reparación civil que ascienden a 39,9 millones de soles y 17,7 millones de soles (10,4 y 4,6 millones de dólares), respectivamente.
Estos pagos, que en total suman 57,6 millones de soles (15 millones de dólares), son los más altos de reparación civil en la historia del Perú que serán pagados por personas naturales por corrupción, según reveló en un comunicado la procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión.
Los convenios fueron presentados al Poder Judicial el pasado 27 de enero e implican que tanto José como Hernando Graña entregarán valiosa información, documentos y testimonios respecto a seis carpetas fiscales relacionadas con proyectos de construcción de infraestructura y gaseoductos de la empresa Graña y Montero, conocida desde 2020 como Aenza.
«Estos convenios permitirán la entrega de información clave para que las investigaciones en seis procesos penales lleguen a juicio, donde esperamos que el resto de investigados reciban todo el peso de la ley y sean condenados”, declaró Carrión.
Las seis investigaciones fiscales referidas son las del caso ‘Club de la Construcción’ y los procesos vinculados a los proyectos Gasoducto Sur Peruano, IIRSA Norte, Vía Expresa Sur, Línea 1 del Metro de Lima e IIRSA Sur Tramos 2 y 3.
Sobre la reparación civil por los daños causados por los exdirectivos a través de los delitos cometidos, la abogada del Estado destacó que los acuerdos firmados permitirán el cobro efectivo en un plazo corto de tiempo, pues conforme a las cláusulas fijadas la cancelación total deberá realizarse entre los 60 y 120 días después de que sean aprobados judicialmente.
«Es un logro para la procuraduría ad hoc. Hemos diseñado cláusulas que permiten asegurar los pagos acordados, los cuales están respaldados por los embargos que hemos realizado contra ambas personas al inicio de los procesos», resaltó Carrión.
Estos montos son adicionales a los 480 millones de soles (unos 129 millones de dólares) que pagará la compañía Aenza, según el preacuerdo de colaboración eficaz que firmó esta empresa con la procuraduría ad hoc y el equipo especial en mayo de 2021.
Perú fue uno de los doce países de Latinoamérica donde Odebrecht reconoció que pagó millonarios sobornos a cambio de obtener grandes contratos en obra pública, lo que además acompañó con donaciones irregulares a las campañas electorales de los principales candidatos a la Presidencia.
Por ello están imputados los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), sobre quien pesa un pedido de extradición pendiente de ser resuelto por Estados Unidos; Ollanta Humala (2011-2016), para quien la Fiscalía pide 20 años de prisión, y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien está en arresto domiciliario.
También estaba investigado el exmandatario Alan García (1985-1990 y 2006-2011) hasta que en 2019 se suicidó con un disparo de arma de fuego en la sien cuando la Policía llegó a su casa para detenerlo.
Por el mismo caso también están investigadas la líder opositora Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.
