México, 4 feb (EFE).- El Gobierno mexicano ha recrudecido su lucha por el control eléctrico con una iniciativa de reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador que ha causado más choques con el sector privado y una confrontación de los tres poderes tras una decisión en favor de la libre competencia por parte de la Suprema Corte.
«No es monopolio, es rectoría del Estado y en este momento la rectoría del Estado el presidente ha decidido que sea a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)», argumentó este jueves Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).
IMPACTO AL SECTOR
López Obrador impactó al sector al enviar este lunes una iniciativa preferente al Congreso para que en un plazo de 30 días reforme la Ley de la Industria Eléctrica.
La principal modificación implica que el despacho eléctrico priorice a las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE, la empresa del Estado, sobre las centrales privadas de renovables y por último las de ciclo combinado.
«La prioridad es fortalecer a las empresas productivas del Estado, como si eso ‘per se’ generase un bienestar social, y no es así. Para llegar al bienestar no basta con favorecer a una empresa pública», explicó a Efe Susana Ivana Cazorla, socia fundadora de la consultora SICEnrgy.
En la exposición de motivos de su iniciativa, que ya está en comisiones de la Cámara de Diputados, el presidente justificó «fortalecer a la empresa productiva del Estado, CFE, para beneficio del interés nacional».
Pero Cazorla cuestionó este argumento al apuntar que afectará al interés público por limitar las energías renovables y la competencia, lo que contraviene las metas del Acuerdo de París y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
«Quieren seguir operando con lo chatarra y con plantas nuevas que no quieren estar sujetas a competencia. Entonces me parece que aquí los más agraviados seremos los ciudadanos y los consumidores, quienes no estamos representados», manifestó.
CHISPAS DE INCERTIDUMBRE
Aunque la iniciativa no se consume, el efecto inmediato es ahuyentar a los inversionistas, opinó en entrevista Federico Muciño, director general de la consultora energética Epscon.
«No pueden confiar en que las reglas como están ahora se van a respetar en el futuro. Ese hecho es lo más grave porque, a pesar de que eventualmente no se apruebe o se suavice la iniciativa de reforma, el mensaje que deja es que no se respetan las reglas», argumentó.
El principal impacto de la reforma, según Muciño, es restringir los esquemas de autoabastecimiento para que las empresas generen su propia electricidad.
También elimina la obligatoriedad de las subastas eléctricas en las que puede participar el sector privado para abastecer a la CFE.
Asimismo, cambia las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) para que las plantas viejas de la CFE accedan a ellos en detrimento de las nuevas centrales privadas de renovables.
La iniciativa también ordenaría revisar la «legalidad y rentabilidad» de los contratos del Gobierno federal con productores independientes de energía.
«Esta acción lo que hace es cambiar las reglas del juego de manera retroactiva y hacer completamente inviable modificar las consideraciones de la inversión», consideró el director de Epscon.
CONSTITUCIONALIDAD EN DUDA
El conflicto ha escalado a los tres poderes de Gobierno porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales este miércoles más de 20 puntos de la política que la Secretaría de Energía (Sener) emitió en mayo pasado, en los primeros meses de la pandemia, con lineamientos similares a los de la iniciativa.
La segunda sala de la SCJN falló parcialmente a favor de la controversia constitucional que presentó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), aunque con el voto en contra de Yasmín Esquivel, quien llegó a la SCJN a propuesta del presidente López Obrador.
La abogada experta en cuestiones energéticas Miriam Grunstein advirtió que el acuerdo y la reforma legislativa son materias distintas, por lo que el fallo de la Corte no detiene el avance de la ley, aunque sí previó nuevas controversias constitucionales.
«Pienso que es manifiesta, flagrante y paladinamente inconstitucional, por muchas razones, por retroactividad, porque al decir que la CFE tendrá la facultad de revocar o renegociar los contratos están afectando derechos adquiridos», indicó la socia senior de Brilliant Energy Consulting.
La jurista también anticipó problemas con los acuerdos de inversión que México tiene con Italia, Francia y España por las afectaciones a las centrales renovables, además de conflictos dentro del T-MEC por las de ciclo combinado.
«No puede tocar y cambiar los contenidos constitucionales que establecen competencia en el artículo 28 constitucional a través de una ley secundaria», advirtió.
