Lima, 13 feb (EFE).- El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, viajó este domingo a la sureña región de Cusco para reanudar una ronda de diálogo con las comunidades campesinas que desde hace más de 15 días bloquean la carretera que conecta con la gran mina Las Bambas, productora del 2 % del cobre mundial.
Según informó el Consejo de Ministros a través de sus redes sociales, Torres llegó al distrito cusqueño de Ccapacmarca para atender las demandas de los pobladores aledaños a la mina y encontrar una solución a la protesta que retomaron el pasado 27 de enero.
«Queremos discutir los problemas nacionales para resolver las problemáticas del pueblo, postergadas por 200 años. Queremos terminar con la discriminación porque todos los que vivimos en esta tierra llamada Perú somos iguales», declaró durante el encuentro el flamante primer ministro, quien asumió el martes pasado.
«Yo soy un campesino como ustedes. Sabemos dialogar, exponer nuestros problemas y entender a los demás para ponernos de acuerdo y promover la inversión a fin de generar trabajo, crecimiento económico y, con ello, desarrollo social», agregó Torres.
En la reunión, que inicialmente estaba prevista para el sábado pero tuvo que postergarse por mal clima, participaron dirigentes de las comunidades campesinas de Ccapacmarca, Huascabamba, Sayhua y Tahyay, así como representantes de la empresa Las Bambas, congresistas y los ministros de Energía y Minas y de Transportes y Comunicaciones, Carlos Palacios y Juan Silva, respectivamente.
Desde finales de enero, los pobladores de la zona mantienen bloqueados varios tramos de la carretera por la que circulan los camiones cargados con el mineral extraído de la mina, de la china MMG Ltd.
Frente a este nuevo bloqueo al denominado corredor minero, la empresa informó que la mina cesará su producción el próximo 20 de febrero, como ya hizo durante varias semanas en diciembre pasado.
Desde que Las Bambas comenzó a operar en 2016, los vecinos de las comunidades aledañas han bloqueado la ruta de la mina de forma intermitente durante más de 400 días.
Las comunidades Ccapacmarca, Huascabamba, Sayhua y Tahyay fueron las únicas que se negaron a firmar el acuerdo al que llegó el Gobierno peruano con otras ocho comunidades el pasado 30 de diciembre, cuando se consensuó que el corredor minero sería considerado como una zona de tratamiento especial y se realizarían varios proyectos de desarrollo y mitigación de impactos ambientales.
El mayor malestar de las comunidades es el constante tránsito de camiones de gran tonelaje que atraviesan sus comunidades para transportar el cobre, lo que genera polvareda cerca de las zonas habitadas.
Por ello, exigen el pago de las indemnizaciones de daños y perjuicios por impactos ambientales, sociales y culturales, así como el pago de los derechos de servidumbre minera.
En esa línea, también demandan ser consideradas como proveedores de bienes y servicios de la empresa minera y como área de influencia directa ambiental y social de la misma.
La mina fue traspasada en 2014 de la suiza Glencore a MMG por unos 10.000 millones de dólares y se encuentra en la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac, a 4.000 metros de altitud.
El yacimiento tiene reservas calculadas en 6,9 millones de toneladas de cobre, de las que 452.000 fueron extraídas en 2018, lo que supone un 2 % de las 20 millones de toneladas que se produjeron a nivel mundial y un 18,8 % de las 2,4 millones de toneladas que aportó Perú, el segundo productor mundial de cobre, plata y zinc del planeta.
