Lima, 26 abr (EFE).- La Sociedad Nacional de Industrias de Perú (SNI) redujo su proyección del Producto Interno Bruto de 2022 a 2 %, la mitad del anterior y lejos del 3,4 % proyectado oficialmente, por la caída de la inversión pública y privada, y la desaceleración de la economía, indicó este martes en su Panorama de la Industria.
El gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la SNI, Antonio Castillo, afirmó que «más de 5.000 millones de dólares se dejarán de invertir en el sector privado», si se mide desde agosto del año pasado y todo el presente año, y por ese motivo se dejarían de crear unos 500.000 empleos.
Castillo anotó que «si el Gobierno incentiva la inversión privada y soluciona los conflictos sociales de la minería y de la agroexportación, el Perú podría retomar la senda del crecimiento», en alusión a las protestas que han paralizado varios proyectos mineros y de hidrocarburos en el territorio.
Sin embargo, advirtió que en Perú hay 1,7 millones de personas en extrema pobreza, que viven con 50 dólares al mes, y otros 9,8 millones de habitantes en situación de pobreza, que subsisten con menos de 95 dólares mensuales.
Además, la SNI expresó su preocupación porque la informalidad laboral creció de 72,7 % en 2019 a 76,8 % en 2021, cifras que remontan a la situación laboral de 2010.
El gremio industrial precisó que esta situación podría «empeorar» si no se aplican políticas técnicas y consensuadas que incentiven la formalización de negocios, especialmente en las micro y pequeñas empresas, que representan al 99 % de las empresas del país.
A su vez, el subempleo ha crecido a más de 8,5 millones de personas, un millón de trabajadores adicionales a las cifras de 2019, el año pre pandemia de la covid-19.
«Estamos llegando a los mismos niveles de empleo total del 2019, pero debido al aumento del subempleo y al empleo informal», anotó la SNI en su panorama del sector.
Castillo planteó cuatro ejes para reactivar la economía, los cuales son la creación de un comando por la alimentación y la entrega de bonos para familias vulnerables, la creación de una autoridad para el desarrollo agrícola y forestal, aumentar la participación de mypes en compras estatales y unir los cuatro regímenes tributarios con incentivos para las empresas que declaren a sus trabajadores.
