La Paz, 5 jul (EFE).- La Fiscalía boliviana abrió un proceso para investigar la violencia y vulneraciones sufridas por el dirigente cocalero César Apaza cuando fue detenido en septiembre pasado por un conflicto con otro grupo de productores de hojas de coca, informó este miércoles la Defensoría del Pueblo.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, dijo a los medios que su oficina siguió la situación de Apaza «desde un primer momento» y mencionó que en mayo pasado se emitió una «resolución defensorial recomendando» al Ministerio Público procesar al fiscal encargado del caso del conflicto «por no atender oportunamente» las denuncias de violencia sufrida por el cocalero.
«Hemos recibido una nota de la Fiscalía General. Se está iniciando un proceso al fiscal, se está iniciando el proceso también penal con referencia a esa violencia», indicó Callisaya.
En cuanto a la salud del dirigente, el defensor aseguró que su despacho está «haciendo un acompañamiento» e intervino en su traslado desde la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el Altiplano, a la de San Pedro en la ciudad de La Paz.
Agregó que depende de la decisión de la autoridad judicial correspondiente «el mecanismo que se pueda adoptar para resguardar la salud» del cocalero.
Apaza fue detenido en septiembre de 2022 y encarcelado preventivamente por seis meses, acusado de ser uno de los responsables de los destrozos en un mercado paralelo de la hoja de coca abierto por una facción de productores señalados de ser afines al Gobierno de Luis Arce.
El dirigente denunció entonces que fue torturado y obligado a golpes a firmar la recepción de su orden de captura.
Los afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz protestaron durante todo septiembre para exigir el cierre de ese mercado, que finalmente fue quemado durante una de las manifestaciones.
En febrero pasado, Apaza sufrió una embolia en prisión y fue llevado de emergencia a un hospital en La Paz, en medio de denuncias de una presunta negligencia de las autoridades para que el dirigente sea atendido oportunamente.
Apaza fue llevado nuevamente a Chonchocoro tras permanecer por casi un mes en el hospital sin completar sus sesiones de fisioterapia y sin explicaciones a sus familiares, según denunciaron éstos en su momento.
Hace unos días, la Justicia amplió por un mes su detención preventiva.
La resolución defensorial emitida en mayo recomendó a la Fiscalía investigar «de manera pronta, imparcial y efectiva, aplicando el Protocolo de Estambul, los hechos que afectaron la integridad física y psicológica» de Apaza «durante su aprehensión, traslado y estadía» en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc).
El Protocolo de Estambul es el «estándar internacional para la investigación de hechos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes», recordó la Defensoría.
La resolución también recomendó al Régimen Penitenciario que garantice al cocalero «el acceso a la salud y reciba su tratamiento médico según su diagnóstico».
