La Paz, 26 sep (EFE).- La Justicia boliviana denegó una acción popular interpuesta por activistas y organizaciones civiles que defienden el medio ambiente, que exigía la suspensión de un decreto que autoriza la evaluación abreviada de semillas genéticamente modificadas en cinco cultivos.
La sala constitucional primera del Tribunal Departamental de Justicia en Santa Cruz determinó rechazar este recurso de acción popular que pedía la suspensión del decreto 4232 aprobado por el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
Este decreto da luz verde al Comité Nacional de Bioseguridad de establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, la caña de azúcar, el algodón, trigo y soya genéticamente modificados, que están destinados al abastecimiento del consumo interno como para su exportación.
«Se hizo justicia, se hizo historia, la acción popular fue denegada y a partir de ahora se puede escribir una mejor historia para nuestro país», expresó a los medios el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, que promueve la idea del uso de la biotecnología en el país.
Rodríguez sostuvo que este fallo era muy «esperado» por el sector empresarial, agrícola, pecuario, agroindustrial y agroexportador de Santa Cruz, que es el «sostén agroproductivo del país».
«Más del 40 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional agropecuario se produce en Santa Cruz, más del 70 % de los alimentos que se producen en Bolivia y se consumen se están dando en Santa Cruz», indicó Rodríguez.
Por su parte, la Asamblea por los Bosques y la Vida publicó en redes sociales que este fallo permite «que el Gobierno del agronegocio» vulnera al «pueblo boliviano y a la Madre Tierra.
«Justicia y gobiernos ecocidas prepárense porque no vamos a parar hasta cambiarlo todo. El presente es con la Madre Tierra o no será», indica el mensaje en su cuenta oficial de Facebook.
La región oriental de Santa Cruz es la principal productora agropecuaria de Bolivia, donde organizaciones como la Cámara Agropecuaria del Oriente reclaman desde hace años la autorización de transgénicos para competir en igualdad con países vecinos que hace tiempo que los usan.
La Constitución Política del país prohíbe la producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos que dañen la salud y el medio ambiente.
Este decreto aprobado en mayo generó que en julio activistas por los pueblos indígenas y el medio ambiente presentaran esta acción popular y a la vez sectores agricultores se manifiesten para que se autoricen transgénicos en sus cultivos.
En 2005 se autorizó el uso de la soya resistente al herbicida glifosato y en 2019 se aprobó el uso del evento HB4 para el biodiesel, pero no para el uso alimentario.
