Lima, 27 oct (EFE).- Las comunidades campesinas de Cotabambas y Progreso, en la región de Apurímac, en el sur del Perú, levantaron este miércoles la medida de protesta que desde hacía diez días impedía operar con normalidad a la mina de cobre Las Bambas, una de las más grandes del mundo.
El cese del bloqueo del corredor minero fue posible gracias a los acuerdos preliminares que, tras cinco horas de debate, trazaron los pobladores aledaños a la minera china con la delegación del Gobierno peruano que se había trasladado hasta la zona, liderada por la primera ministra, Mirtha Vásquez.
«En el Gobierno del pueblo los conflictos son una oportunidad para escuchar, dialogar, aprender y corregir. ¡Así lo hemos hecho hoy en Apurímac, llegando a acuerdos importantes que han permitido que la provincia y el distrito de Progreso decida levantar su medida de fuerza», escribió en Twitter la jefa del gabinete ministerial.
LOS ACUERDOS
En el acta que suscribieron los funcionarios del Ejecutivo y las autoridades y dirigentes de las comunidades, las partes se comprometieron a relanzar el espacio de diálogo que había quedado quebrado tras la renuncia del exprimer ministro Guido Bellido, lo que había motivado la reanudación de las protestas contra la mina.
La primera reunión se estableció para el próximo 8 de noviembre en el distrito de Challhuahuacho, donde acudirán representantes de los ministerios de Energía y Minas y de Desarrollo Agrario y Riego, y se convocará también a la empresa MMG Las Bambas.
Por otro lado, el Gobierno anunció que, a partir de enero de 2022, las comunidades recibirán el canon minero y aseguró, además, la transferencia de recursos en la región para la construcción de un hospital y el mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento básico.
LAS DEMANDAS
Con estos acuerdos, los dirigentes de las comunidades decidieron, «en señal de buena voluntad», cesar los bloqueos que desde el pasado 18 de octubre impedían el traslado de vehículos pesados de Las Bambas por las vías públicas nacionales.
De hecho, el mayor malestar de los pobladores que habitan cerca de la mina es el constante tránsito de camiones de gran tonelaje que atraviesan su territorio para transportar el cobre, lo que genera polvareda.
Por ello, exigen el pago de las indemnizaciones de daños y perjuicios por impactos ambientales, sociales y culturales, así como el pago de los derechos de servidumbre minera.
También demandan ser considerados como proveedores de bienes y servicios de la empresa y como área de influencia directa ambiental y social de la misma mina.
VIEJO CONFLICTO
El paso de los camiones por las poblaciones vecinas, algo que no estaba previsto inicialmente en el proyecto, ha sido motivo de conflicto desde que en 2014 la empresa fue traspasada de la suiza Glencore a MMG, de capitales chinos, por unos 10.000 millones de dólares.
Las protestas tuvieron graves picos de violencia entre 2015 y 2016, cuando murieron cuatro personas.
El yacimiento, localizado a 4.000 metros de altitud, tiene reservas calculadas en 6,9 millones de toneladas de cobre, de las que 452.000 fueron extraídas en 2018, lo que supone un 2 % de las 20 millones de toneladas que se produjeron a nivel mundial y un 18,8 % de las 2,4 millones de toneladas que aportó Perú, el segundo productor mundial de cobre, plata y zinc.
