Ciudad de Panamá, 31 oct (EFE).- Moody’s rebajó este martes a Baa3 desde Baa2 la calificación de Panamá y cambió de negativa a estable la perspectiva, como resultado de la ausencia de una «respuesta efectiva» por parte de las autoridades para abordar los desafíos fiscales estructurales que han «aumentado a través del tiempo» en el país centroamericano.
Entre los fundamentos para la bajada de la calificación a Baa3, Moody’s cita en su reporte el gasto público y la «muy reducida base de ingresos tributarios» de Panamá.
Sobre el gasto, señala que la nómina estatal representa «a la fecha más del 30 % del gasto total» y que espera que siga «creciendo debido a aumentos salariales» establecidos por ley», a lo que se suman subsidios y transferencias utilizadas para «atender el descontento social» y el gasto asignado al sector educativo, que se elevó de 6 % al «7 % del producto interno bruto (PIB)».
Respecto a los ingresos fiscales, Moody’s indica que han estado disminuyendo desde 2017, alcanzando un promedio del 7,6 % del PIB hasta 2022, una situación que se ha compensado «parcialmente» con los crecientes aportes del Canal de Panamá, que ahora representan «más del 25 % de los ingresos del gobierno central».
Sobre la perspectiva estable, Moody’s señala en su reporte el «sólido crecimiento económico» previsto para Panamá «durante los próximos años, con tasas anuales en el rango del 4 % – 5 %», que ofrecen un respaldo clave al perfil crediticio del país.
Además, Panamá seguirá beneficiándose de una susceptibilidad moderada a eventos de riesgo, lo que refleja en parte el rol de la dolarización que mitiga el que lleguen a darse cambios súbitos en los principales indicadores crediticios, afirma la calificadora.
«Una robusta dinámica del crecimiento permitirá mantener estable el ratio de deuda, y podría llevar a una disminución gradual de la relación deuda/PIB», que Moody’s espera se mantenga en línea con la mediana de pares Baa, alrededor de 55 % del PIB en 2023.
Los ingresos mineros y el alza de intereses
En su reporte, Moody’s vincula el cumplimiento en el 2023 del objetivo del déficit del 3 % del PIB establecido en la regla fiscal, con el ingreso al fisco de 770 millones de dólares (0,9 % del PIB) por el contrato con Minera Panamá, la subsidiaria de la canadiense First Quantum Mineral que explota la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.
Las autoridades proyectan que este contrato ley, aprobado la semana pasada y que ha generado las mayores protestas callejeras en décadas en Panamá, «proporcionaría regalías por 375 millones de dólares (0,4 % del PIB) anuales en los próximos años».
«No obstante, ante las protestas sociales recientes, el contrato estará sujeto a aprobación en una consulta nacional que tendría lugar en diciembre de 2023. Independientemente de ello, Moody’s considera que estos ingresos adicionales no serían suficientes para hacer frente a crecientes presiones fiscales derivadas de una mayor carga de intereses y un continuo deterioro de las finanzas de la Caja de Seguro Social (CSS)».
Moody’s agrega que la perspectiva de un aumento en la carga de intereses en 2024, cuando llegará al «15 % de los ingresos del gobierno, afectará de forma adversa la fortaleza fiscal de Panamá, «a pesar de que se habrá de mantener una relación deuda/PIB relativamente estable».
La calificadora de riesgo Fitch mantuvo en septiembre pasado la calificación de Panamá en BBB- pero cambió de estable a negativa la perspectiva, señalando la «presiones fiscales persistentes» y que el Gobierno «en gran medida» ha dependido de «medidas puntuales y maniobras contables para reducir los déficits fiscales» en el último año.
