David (Panamá), 14 nov (EFE).- «No a la minería, Sí al agro», rezaba una de las pancartas de la nutrida marcha que recorrió este martes la capital de Chiriquí, la provincia más golpeada por el bloqueo de la principal carretera de Panamá en rechazo a un contrato minero, una protesta que está sumiendo al país en una crisis.
Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, es la principal productora de verduras y legumbres de Panamá, pero el bloqueo de la carretera Panamericana desde hace más de tres semanas impide la llegada de combustibles o la salida de las cosechas.
Es así que mientras en esa región del norte panameño hay filas kilométricas para echar combustible o comprar bombonas de gas, en las estanterías de la capital y otras ciudades del país han desaparecido alimentos frescos como lechugas, repollos, pepinos, plátanos o bananas.
«Tenemos un desabastecimiento que hace imposible que el sector productivo funcione (…) la realidad es que la seguridad alimentaria del país está en riesgo», dijo a EFE el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí, Jorge Tovar, que junto a empresarios, productores y público en general participó en la manifestación.
La marcha pacífica en la capital David, repleta de mensajes como «Abrir la carretera ya», «No más filas», «Queremos trabajar», «Rescatemos la paz social», «Exigimos fallo de la Corte», partió del parque de Las Madres y finalizó a las puertas de la Gobernación de Chiriquí, donde los manifestantes gritaban «no aguantamos más».
«Estamos en una anarquía», afirmó a EFE Enrique Athanasiadis, productor de varios rubros en Chiriquí, una región que también está viendo fuertemente afectado su potente sector turístico precisamente en la temporada alta de noviembre por las fiestas patrias anuales, todas canceladas.
Los bloqueos en la Panamericana son liderados por grupos sindicales e indígenas que insisten en exigir que sea derogado el contrato ley entre el Estado y Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, para explotar por 20 años prorrogables la mina Cobre Panamá, aprobado el pasado 20 de octubre por el Parlamento y el Ejecutivo en un cuestionado proceso exprés.
Pero ya ambos poderes públicos, acusados de haber firmado el contrato pese al amplio rechazo expresado en manifestaciones que se venían registrando desde inicios de este año, descartaron la vía de la derogatoria y esperarán por el fallo del Supremo, que ya ha admitido recursos de inconstitucionalidad contra la mina, la mayor a cielo abierto de Centroamérica.
La vía judicial también es apoyada por grupos ambientalistas que tienen años luchando contra la mina, y que han instalado un campamento frente a la Corte Suprema, y por las patronales.
Los sindicatos han convocado para el próximo jueves un «cierre total del país», una medida que se han visto «obligados» a tomar por el carácter «sordo y mudo» de las autoridades y de los empresarios ante el problema minero, según dijeron portavoces sindicales.
La Defensoría del Pueblo solicitó este martes al Gobierno «que restablezca de manera inmediata las garantías fundamentales que de facto hoy no puede gozar la población tales como: a la vida e integridad física, libertad, acceso a la salud, seguridad alimentaria, trabajo, educación, libertad de prensa, libre tránsito, propiedad privada; así como el derecho a la protesta pacífica».
Las protestas, que incluyeron las mayores manifestaciones pacíficas en décadas en Panamá, han dejado cuatro muertos por arrollamiento y disparos en los bloqueos de vías, mientras que más de un millar de personas fueron arrestadas por la Policía, que ha sido acusada de uso excesivo de la fuerza.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) dijo este martes que el estimado de pérdidas durante esta crisis es de 1.700 millones de dólares, con el agravante de que se han descartado ya unos 15.000 empleos temporales durante la época navideña y de año nuevo.
La mina Cobre Panamá, que emplea a unas 40.000 personas de forma directa e indirecta, es una inversión de 10.000 millones de dólares y representa cerca del 5 % del producto interno bruto (PIB) del país, según datos de First Quantum y del Gobierno del presidente Laurentino Cortizo.
