Lima, 3 mar (EFE).- El Gobierno de Perú publicó este viernes una segunda lista de beneficiarios del apoyo económico que ha acordado entregar a los familiares de los fallecidos y a los heridos de gravedad durante las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado.
El Ejecutivo anunció el pasado 22 de febrero que iba a entregar 50.000 soles (13.150 dólares) a los parientes de cada uno de los fallecidos y 25.000 soles (6.500 dólares) a los heridos de gravedad.
Según una resolución publicada en el diario oficial El Peruano este segundo listado comprende a siete deudos de cuatro personas fallecidas y 27 personas heridas de gravedad, civiles y policías, entre el 8 de diciembre y el 10 de febrero pasado.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MinjusDH) detalló que con esta nueva lista suman 98 deudos de 56 personas fallecidas y 27 heridos de gravedad con secuelas en sucesos violentos, que han sido comprendidos en el apoyo económico.
La relación de fallecidos incluye a 55 civiles y un agente de la Policía Nacional (PNP), mientras que por regiones comprende a 7 víctimas de Apurímac, 5 de Arequipa, 10 de Ayacucho, 3 de Cusco, 3 de Junín, 5 de La Libertad, 1 de Lima y 22 de Puno.
En la norma se precisa que el bono para el segundo grupo de beneficiarios alcanza, en total, un monto máximo de 875.000 soles (unos 230.000 dólares), más los cargos bancarios correspondientes.
El 23 de febrero pasado, el MinjusDH aprobó una primera lista de beneficiarios, conformado por 91 deudos de 52 fallecidos, y dispuso realizar el abono a favor de cada una de las personas identificadas, por un monto máximo total de 2.600.000 soles (684.000 dólares).
Las víctimas y deudos fueron identificados por una comisión especial creada el 31 de diciembre pasado, que planteó la entrega del bono económico que, según aseguró el Gobierno, «corresponde a una subvención que no tiene naturaleza resarcitoria ni reparatoria».
«Este beneficio no tiene implicancia en la determinación de eventuales responsabilidades administrativas, civiles y/o penales» que determinen las investigaciones de los enfrentamientos que se presentaron en Perú desde diciembre, indicó.
Las manifestaciones comenzaron en diciembre tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo y exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y la convocatoria de una asamblea constituyente.
Según la Defensoría del Pueblo, 48 personas murieron durante enfrentamientos con las fuerzas del orden, mientras que un policía perdió la vida tras ser quemado vivo y otras 11 personas debido a los bloqueos de carreteras por manifestantes.
La presidenta Boluarte confirmó otro fallecimiento por estas mismas causas, el de un paciente que necesitaba llegar a Lima pero quedó retenido en los bloqueos, y Unicef informó del deceso de un bebé nonato, además de la muerte de una mujer en la norteña región de La Libertad, reportada por la Policía.
El primer ministro, Alberto Otárola, confirmó el 19 de enero pasado el fallecimiento de cuatro ciudadanos haitianos y días más tarde la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) elevó la cifra a siete ciudadanos de ese país que quedaron varados, expuestos a adversidades climáticas y limitado acceso a servicios básicos.
