Caracas, 4 abr (EFE).- La Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga) solicitó este lunes al Gobierno que actúe de «forma firme» contra las invasiones y ocupaciones de tierra ilegal que tienen lugar en el campo venezolano y que han sido denunciadas en reiteradas ocasiones por esta organización.
En un comunicado de prensa, los miembros de la federación plantearon la necesidad del que «el Estado venezolano actúe de forma firme contra las invasiones y ocupaciones ilegales de tierra».
Al respecto, el presidente de Fedenaga, Armando Chacín, reiteró el rechazo del gremio a que persista el conflicto de la tierra y subrayó que «debe haber actuación inmediata de los entes que deben estar abocados en resolver este problema que perturba la producción nacional».
El dirigente insistió en el compromiso de su organización de continuar presionando hasta que el Estado «voltee la cara» y ofrezca «amparo» a los venezolanos dueños de tierra y encargados «de la poca producción que se mantiene en el país y con la que garantizan el plato en la mesa de todos y cada uno de los venezolanos», siempre según el comunicado.
«No son delitos comunes lo que está pasando, están atentando contra la producción de alimentos y contra un país que bastante golpeado está», dijo Chacín.
Desde Fedenaga, se denunció, además, que en estas acciones ilegales están inmiscuidos «algunos funcionarios públicos» que se aprovechan de las extorsiones e invasiones para obtener beneficios económicos y «hacerse de lo que no es de ellos».
Igualmente, criticó que los cuerpos de seguridad «desacaten» los desalojos que son ordenados por tribunales y que no se ejecutan y alertó sobre la «anarquía» que impera en el campo venezolano.
En lo que va de año, Fedenaga lleva contabilizados una veintena de casos de «violencia en el campo», lo que evidencia el recrudecimiento de la ocupación e invasión de tierras.
Para el consultor jurídico de esta organización, Alexis Algarra, los 20 hechos violentos computados en lo que va de 2022 y los 480 que se registraron en 2021 son la consecuencia de que «no existe una política de seguridad orientada a la ruralidad».
«En la ruralidad, la presencia del Estado a través de sus cuerpos de seguridad sigue siendo escasa, y no solamente escasa, sino con recursos muy débiles», dijo el abogado recientemente en una entrevista con Efe.
