La Paz, 27 feb (EFE).- Los criptoactivos están prohibidos en Bolivia para prevenir «potenciales pérdidas» entre operadores y poseedores, sin embargo, hay sectores que consideran que esta medida deja al país «desfasado» en la digitalización de su economía».
El Banco Central de Bolivia (BCB) ratificó a principios de este año la prohibición del «uso, comercialización y negociación de criptoactivos».
La determinación establece que la utilización de criptoactivos implica «potenciales riesgos» como las pérdidas económicas que pueden afectar a sus operadores o poseedores, por lo que además de la prohibición se protege al público «de riesgos, engaños y estafas».
El marco legal que invoca el BCB es la Constitución de 2009 y la Ley de Servicios Financieros vigente desde 2013, por lo que no se tiene un registro de personas que usen este mecanismo ni hay en el país cajeros que operen con criptodivisas.
DESFASE EN LA ECONOMÍA
El exdirector del BCB José Gabriel Espinoza dijo a Efe que esta determinación «hace que Bolivia quede muy desfasada en la digitalización de su economía», cuando la «eliminación del efectivo (…) es una tendencia» mundial.
Espinoza señaló que si bien es cierto que la restricción evita efectos negativos por la «alta volatilidad» de los criptoactivos, también debe tomarse en cuenta que «la capacidad de control y tecnología» para que se cumpla el marco legal que prohíbe su uso porque es «muy escaso».
Además, existen factores que pueden estimular el uso de criptomonedas como una creciente población joven adaptada a la tecnología y la urbanización del país, al mismo tiempo que dificultades como la falta de seguridad jurídica, una inadecuada educación financiera y la evidente brecha tecnológica.
Y también están algunos sectores de la economía boliviana, en su mayoría pertenecientes a la informalidad, que han optado por acumular valor con este tipo de instrumentos.
Por lo que considera que esa prohibición «deja en indefensión a muchos usuarios que aún así están operando con estas monedas».
SOBERANÍA ECONÓMICA
Un elemento que apuntala la restricción a las tecnologías de blockchain es la «bolivianización» de la economía, es decir los incentivos para que las transacciones económicas se realicen en la moneda local, lo que repercute en que desde hace varios años se tenga un tipo de cambio fijo y precios controlados.
Lo que distingue la postura boliviana de la de países como Chile, Argentina, Brasil y Venezuela que admiten aquellas transacciones es la condición de «soberanía económica» y que contrasta con la «convivencia» diferente con otras monedas además del desarrollo financiero, apuntó Espinoza.
Sin embargo, subrayó que entre la prohibición y la permisividad en el uso de las criptomonedas «hay un proceso en el medio» que consiste en desarrollar «economías sin efectivo» para luego dar un paso hacia el uso de moneda electrónica y establecer políticas monetarias electrónicas.
Primero está «la apertura o transición hacia una política monetaria electrónica donde ya se desmaterializa el dinero» y después «el desarrollo de aptitudes técnicas al interior de los entes monetarios», mencionó el economista.
Espinoza lamentó que, sin embargo, parece que se ha llegado a la prohibición como un tope puesto que «a partir de ahí no hay un desarrollo posterior de la nueva política monetaria».
Por eso considera que es «necesario poner en discusión» esta cuestión en un momento en el que los criptoactivos se usan principalmente como activos de reserva de valor.
