Desprolijidades en todo el proceso de gestión, tanto en la etapa licitatoria como en el transcurso de la ejecución contractual del proyecto Metrobús, es la principal conclusión presentada en la fecha por la Comisión Bicameral Investigadora (CBI) del citado proyecto.
Los resultados – que se explayan en un informe de 1.600 páginas – fueron presentados por la CBI al Congreso Nacional este miércoles, luego de un poco más de un año de haberse creado dicha comisión. La misma se encargó de recabar informaciones mediante pedidos de informes a instituciones públicas, privadas y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
También, procedieron mediante declaraciones informativas de varios funcionarios públicos, ex funcionarios, autoridades y ex autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), otras instituciones y frentistas.
“Hemos constatado que la liberación de la franja de dominio se constituyó́ en uno de los problemas medulares y obstáculo para avanzar según el cronograma establecido originalmente. La falta de Liberación de Franja de Dominio (LFD), y la autorización para el orden de inicio de los trabajos en esas condiciones, generaron retrasos significativos en el avance del corredor central”, afirma la CBI.
La comisión investigadora agrega que, después de la adjudicación de los tramos 2 y 3 del corredor central – del proyecto Metrobús – a la Empresa Mota Engil, sobresale un inmediato acuerdo para convenios de modificación del proyecto. En ese acta de entendimiento, específicamente en el punto V, la CBI nota que, pese a la no autorización de las municipalidades de Asunción y Fernando de la Mora, la ejecución de las obras en el tramo 2 fue iniciada por Mota Engil.
En ese mismo sentido, se destaca la inclusión – a través de la adenda Nº 4 al contrato – de una zanja técnica no prevista en el contrato principal, generando un aumento del 34% en el monto inicial del contrato que se tenía con la firma portuguesa Mota Engil.
El avance que tuvo Mota Engil en cuanto a la ejecución de las obras fue del 38%, según la comisión investigadora, llegando a percibir la suma de G. 141.180 millones (USD 20,5 millones en el cambio actual) en concepto de cobro por trabajo terminado. De ese total, G. 95.700 millones (USD 13,9 millones) fueron desembolsados bajo la administración del ex ministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona; y G. 45.480 millones (USD 6,6 millones) por la actual administración, al mando del ministro Arnoldo Wiens.
Casi todas las obras del proyecto en cuestión que fueron edificadas por la firma portuguesa ya fueron demolidas por el MOCP, de manera a agilizar el tránsito vehicular y peatonal en la zona entre Fernando de la Mora y San Lorenzo. En tanto, la parte administrativa y lo que refiere al daño patrimonial se encuentran hoy en disputa ante un Tribunal Arbitral Internacional, al cual se someten el MOPC y Mota Engil.
