El Instituto de Previsión Social (IPS) descubrió que alrededor de 6.000 empresas obligaron a trabajar a sus funcionarios suspendidos, según informó Pedro Halley, gerente de prestaciones económicas de la institución.
Anunció que la previsional realizará un reclamo administrativo para que los empleadores devuelvan al IPS los subsidios otorgados. En caso de que estos empresarios no devuelvan el monto que recibieron sus trabajadores, el IPS presentará una denuncia judicial.
Halley comentó que la previsional tuvo conocimiento de esta situación tras las innumerables denuncias recibidas por parte de los trabajadores suspendidos.
Sostuvo que ahora están calculando la cantidad exacta de empleadores que recurrieron a esta “artimaña” a lo largo de estos doce meses que la entidad otorgó subsidios. Comunicarán al titular del IPS y al Consejo de la institución, para iniciar el reclamo administrativo y luego, el judicial.
El alto funcionario detalló que a algunos funcionarios automáticamente se les obligaba a trabajar y solo recibían de pago el subsidio del IPS, es decir, G. 1.096.000. En otros casos, relató que las empresas abonaban la mitad del salario y la otra mitad provenía del subsidio de la previsional.
Estiman que la mayoría de las empresas que incurrieron en este “fraude contra el seguro social” son las que pertenecen al sector de pequeñas y medianas empresas.
Nueva ola de suspensiones
Por otra parte, Halley dijo que a raíz de las nuevas restricciones establecidas por el Poder Ejecutivo, muchas empresas – especialmente del sector gastronómico – nuevamente suspendieron a sus colaboradores y estiman que para mayo alrededor de 30.000 trabajadores formales recibirán la compensación económica del IPS.
Manifestó también que este mes de abril podría cerrar con 28.000 suspendidos. Esto significa un gran aumento, teniendo en cuenta que al cierre de marzo los trabajadores que recibieron subsidios sumaron 18.000.
Consideró que con los recursos que tienen podrán aguantar hasta el mes de junio, pero que ya están conversando con el Ministerio de Hacienda para una ampliación presupuestaria de unos USD 50 millones, que primero debe pasar por el Legislativo.
Cabe recordar que a esta entidad le fueron otorgados USD 100 millones a través de la Ley de Emergencia Sanitaria para una compensación económica de la mitad del salario mínimo a los trabajadores formales que sufrieron suspensiones en sus contratos laborales.
